Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite la denuncia constitucional presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunto abuso de autoridad y vulneración del derecho a la intimidad.
Según la denuncia, Espinoza habría incurrido en estos delitos al solicitar la entrega de los dispositivos y claves personales de Santiváñez en el marco de la Carpeta Fiscal N.º 203-2024, en la que se le investiga por hechos presuntamente cometidos durante su gestión.
El denunciante sostiene que, el 28 de noviembre de 2024, la fiscal ordenó entregar los teléfonos que utilizó entre abril y julio de ese año. Su abogado entregó un iPhone sin patrón de bloqueo, pero sin información relevante. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó además acceso a la cuenta de iCloud y al chip del equipo.
Asimismo, según la denuncia, la Providencia N.º 70, que debía mantenerse en reserva, fue divulgada públicamente en medios y redes sociales, lo que, a juicio del denunciante, vulnera la Ley de la Carrera Fiscal.
También se cuestiona que la Fiscalía rechazara acumular la Carpeta Fiscal N.º 12-2024 —relacionada con hechos ocurridos cuando Santiváñez era viceministro— con la N.º 203-2024, vinculada a su gestión como ministro, pese a la conexión procesal entre ambas. Para el denunciante, esta negativa representa una omisión en el deber constitucional de conducir la investigación desde su inicio.
Finalmente, se acusa a la fiscal de actuar de forma arbitraria y con dolo, en perjuicio de Santiváñez, lo que, según se argumenta, configuraría el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal.
El resultado de la votación fue de 12 a favor, uno en contra y cero abstenciones.
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