La Junta de Fiscales Supremos ha expresado su rechazo a la reciente promulgación de la Ley 32326, que introduce modificaciones a la normativa de extinción de dominio.
A través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que esta ley representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Con la nueva normativa, el Estado solo podrá intervenir bienes obtenidos ilícitamente si existe una sentencia firme y consentida, lo que dificulta la recuperación de activos vinculados a delitos como narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.
🚨 #Urgente | La Junta de Fiscales Supremos se pronuncia sobre la Ley 32326, que modifica la Ley de #ExtinciónDeDominio y que pone en riesgo la lucha contra la corrupción, crimen organizado, lavado de activos y delitos medioambientales. #InfórmateBien pic.twitter.com/QgnZHxEoLi
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 12, 2025
Además, la extinción de dominio ahora tiene una prescripción de cinco años, lo que podría facilitar que patrimonios ilegales permanezcan en manos de delincuentes. En ese sentido, Espinoza advirtió que se ponen en riesgo más de 2,300 casos.
«La norma genera impunidad y pone en riesgo más de 2.300 casos en trámite, lo que favorece a los criminales. Antes podíamos actuar sin necesidad de una sentencia, ahora los tiempos juegan a favor de la corrupción», dijo.
Asimismo, la fiscal cuestionó que la norma vulnera acuerdos internacionales suscritos por el Perú.
«Esta ley contradice acuerdos internacionales suscritos por el país, como las convenciones de Palermo y Mérida, afectando la imagen del Perú en la lucha contra el crimen organizado», aseguró.
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