Han pasado más de 3 meses y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República no avanza en la tramitación de las denuncias constitucionales contra el expresidente Pedro Castillo.
A la fecha son dos las denuncias constitucionales presentadas contra el exmandatario, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Ambas contemplan su inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 10 años.
Y es que pese a haber sido vacado de la Presidencia de la República por el Parlamento el 7 de diciembre de 2022, tras intentar fallidamente un golpe de Estado, Castillo no tiene impedimento legal para postular al Congreso en las elecciones del 2026. En esa fecha, él fue destituido de manera sumaria y se le inició un proceso judicial que sigue su curso; sin embargo, no se activó el proceso para su juicio político.
Infracción a la Constitución
La primera denuncia constitucional fue presentada el 21 de enero pasado por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. En ella el legislador precisa que Castillo infringió 29 artículos de la Constitución con el golpe de Estado, por lo que ha solicitado su inhabilitación para ejercer cargo público por un plazo de 10 años.
La denuncia la hizo extensiva a la expremier Betssy Chávez y los exministros del Interior Willy Huerta; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y de Defensa Gustavo Bobbio.
Muñante advirtió que actualmente Pedro Castillo y los otros implicados no están impedidos de participar en futuras elecciones, situación que —sostuvo— «es peligrosa para el sistema democrático».
Añadió que el Tribunal Constitucional ya confirmó que el mensaje a la Nación pronunciado por Castillo el 7 de diciembre de 2022 fue un intento de golpe de Estado y no una simple proclama.
Una segunda denuncia constitucional fue presentada por el legislador Alejandro Cavero, de Avanza País, el 20 de marzo de 2025 por infracción a la Constitución y la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.
De acuerdo al parlamentario, se justifica la imposición de la máxima sanción de inhabilitación por 10 años contra Castillo debido no solo a la gravedad misma de los hechos, sino al cargo que ostentaba al momento de perpetrar el golpe de Estado.
«No cabe duda que Pedro Castillo configuró un golpe de Estado que intentó acabar con todas las instituciones que pudieran defender el orden constitucional, y que lo que buscaba era perpetuarse en el poder y gobernar concentrando todo el poder político en una persona», se lee en la denuncia presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Pese al tiempo transcurrido, sin embargo, el grupo de trabajo que preside María Acuña de Alianza para el Progreso no ha avanzado con la tramitación de ambos documentos, por lo que Castillo eventualmente podría postular en estos momentos a un cargo público pese a que se encuentra detenido y viene siendo procesado por el delito de rebelión.
Alto riesgo
El constitucionalista y experto en temas electorales Alejandro Rospigliosi advirtió que esta demora evidencia que Castillo “aún tiene seguidores y defensores en el Congreso”. “El riesgo es muy alto porque este señor tiene bolsones electorales pese al golpe de Estado y si esto sigue así va a poder postular y tendremos al señor Castillo ocupando una curul”, comentó.
Recordó que en la historia constitucional peruana hay antecedentes, como el del político de izquierda Genaro Ledesma, quien fue elegido diputado en 1963 estando preso, y el actual congresista José Luna Gálvez “quien postuló teniendo detención domiciliaria, no hizo un solo día de campaña y, sin embargo, fue elegido congresista y es líder de una bancada”, señaló.
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