Delia Espinoza Valenzuela juró como fiscal de la Nación el 8 de noviembre comprometiéndose a fortalecer la imagen institucional y la confianza ciudadana. Faltando pocos días para cumplir cuatro meses en el cargo, un balance preliminar evidencia más sombras que luces en su corta gestión, en la que ha convertido a la institución, que constitucionalmente debería defender la legalidad, en un ente confrontacional con el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional (TC), la Junta de Fiscales Supremos —que ella preside— y, como cereza del pastel, en un actor más de la campaña electoral 2026.
Su decisión de iniciar indagaciones preliminares por presunta conducta antidemocrática contra Fuerza Popular y País para Todos con base en denuncias sin sustento —así lo han advertido constitucionalistas— y de filtrar mediáticamente los procesos, sin conocimiento de los partidos involucrados, justo un día después de la convocatoria oficial a los comicios —pese a que la decisión se tomó un mes antes— ha puesto los proyectores, una vez más, sobre Espinoza.
Perú21 pudo conocer que las críticas desde el ámbito externo a la Fiscalía se replican internamente. Más aún tras conocerse que la demanda contra País para Todos por la postura a favor de la pena de muerte de su militante, el humorista Carlos Álvarez, fue interpuesta por Javier Sulca Cáceres, un antaurista que fue condenado a 16 años de cárcel por su participación en el ‘Andahuaylazo’ de 2005, en el que fueron asesinados cuatro policías y que con fusil en mano pretendió con esa asonada, junto a su líder Antauro Humala, tirarse abajo las bases del sistema democrático contra las que hoy —paradójicamente con el aval de Espinoza— vuelve a arremeter.
Piden intervención de JNJ
“Se da el punto de partida para la competencia electoral y aparece un actor que inicia indagaciones para determinar si procedería la pérdida de inscripción de dos partidos. Es un hecho grave que altera de manera significativa el calendario electoral con base en denuncias totalmente absurdas. ¿Por qué se indaga a Álvarez y no se hace lo mismo con la presidenta (que también plantea la pena de muerte)?”, cuestionó el expresidente del TC Víctor García Toma, quien añadió que habría una afectación de los derechos a la libertad de expresión, opinión y pensamiento del humorista.
En cuanto a Fuerza Popular, demandada por presuntos aportes ilegales a su campaña, recordó que el caso está judicializado. “Lo que debería hacer la fiscal, con toda humildad, es reconocer (el error). Continuar demostraría que hay un ejercicio de la acción fiscal con fines políticos. El poder no corrompe, desnuda. Y hay personas a las que les dan la oportunidad de tomar decisiones sobre los demás y, si no están preparadas, la soberbia, que va a asociada a la prepotencia, genera esta serie de exabruptos. La fiscal debería hacer un propósito de enmienda de no estar como peleador callejero, trompeándose con todos los que se le aparecen al frente”, ironizó.
Bajo esa premisa, dijo a Perú21 que la Junta Nacional de Justicia, que tiene “competencias disciplinarias”, podría intervenir a partir de algunas acciones de Espinoza que “son claramente contrarias al ordenamiento legal y manifiestamente abusivas”, como negarse a acatar la ley que le da a la Policía facultades para la investigación preliminar.
Desde una perspectiva del derecho electoral, Alejandro Rospigliosi también cuestionó la oportunidad de las indagaciones fiscales contra dos partidos y la filtración de estas un día después de la convocatoria a elecciones. “Me parece execrable y absolutamente impropia. La resolución es de hace muchos días. Una cosa es que se investigue y otra que se difunda como una manera de generar escarnio; esto debería ser investigado por la Autoridad de Control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia”, indicó.
El especialista se pronunció a favor de la tramitación de las demandas. “Acá se puede investigar todo, no hay nadie exento de control. Lo que sí es grave es que se filtre a quién se investiga y a quién no; eso es razón suficiente para que la JNJ, de oficio, investigue a la fiscal de la Nación, que está muy mal asesorada en este caso y otros anteriores”, subrayó.
Sin visión
La lista de desatinos fiscales es extensa. La titular del Ministerio Público no solo se ha negado a acatar la ley aprobada por el Parlamento —y en eso se basa una de cuatro denuncias constitucionales que podrían retirarla del cargo—. También archivó una denuncia contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, pero luego, ante las críticas, lo incluyó en otra junto con Zoraida Ávalos. En simultáneo, respalda a José Domingo Pérez y Rafael Vela, denunciados por filtrar información reservada al periodista Gustavo Gorriti. A la par, no cesa su intercambio de dimes y diretes con el Ejecutivo.
Su relación con el TC también se ha resquebrajado tras la denuncia de su presidenta Luz Pacheco de un presunto reglaje a sus magistrados. Espinoza le ha respondido refiriéndose a ella como “la señora”. Así, mientras la fiscal de la Nación libra sus batallas casi personales, la ciudadanía sigue viendo con horror cómo los delincuentes son liberados y cómo la protección y defensa que deberían recibir de sus autoridades son un saludo a la bandera.
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