La jefa del Estado, Dina Boluarte, anticipándose al término de ley, ha convocado a Elecciones Generales 2026; queda ahora declararnos, la ciudadanía, la clase política y la prensa libre, en estado de alerta permanente a efectos de fiscalizar que no se vulneren la imparcialidad y no interferencia en el Proceso Electoral.
Dicho esto y habiéndose activado la cuenta regresiva para el término del mandato de la sucesora de Pedro de Castillo, haría bien el Ministerio Público con progresar con las carpetas fiscales abiertas contra la mandataria, su entorno palaciego y ministros de Estado por supuestas irregularidades e inconductas de carácter penal, muchas de las cuales se encuentran aún en etapa embrionaria y pocas para pasar a etapa preparatoria, antesala al juicio oral; esto último sujeto a que deje el cargo en la presidencia, pero para entonces las investigaciones ya deberían estar en un estado avanzado, lo que pudiera sustentar un eventual pedido de restricción de salida del país, garantizando su permanencia dentro del territorio nacional durante las investigaciones, dada las amargas experiencias de expresidentes que se dieron a la fuga para evadir la acción de la justicia.
Lamentablemente, no está vigente el llamado “juicio de residencia”, una especie de impedimento de salida del país por un plazo de 1 a 5 años para el presidente de la República y ministros de Estado; entre tanto, se fiscaliza la presunta comisión de delitos penales en el ejercicio del cargo, llámese enriquecimiento ilícito, desbalance patrimonial o denuncias de corrupción. No ha habido voluntad en el Congreso por restituir dicha institución, que busca combatir la impunidad, ¿por qué será?
Finalmente, la ciudadana Patricia Muriano, otrora secretaria de la presidenta Dina Boluarte, que manejaría información sensible de sus cirugías en la Clínica Cabani, entre otros temas de interés de los operadores de justicia, no encontrándose en el Perú habría declarado de forma remota ante el Ministerio Público. Esperemos que colabore con la justicia y se le otorgue la protección que requiera para garantizar su integridad. En el caso de un testigo, la Fiscalía está en la obligación de recordarle que no puede acogerse al silencio ni mentir, porque podría pasar a condición de investigado. Sobre el particular, me pregunto ¿sería posible que Muriano negara su voz en los audios reveladores filtrados a la prensa?
