A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la Fiscalía de la Nación ha solicitado que se levante el secreto de las comunicaciones de la congresista de Alianza para el Progreso, Rosío Torres, quien ha sido denunciada por recortar los sueldos de los trabajadores de su despacho parlamentario.
La petición fue formulada el último 15 de octubre, por lo que el juez supremo Juan Carlos Checkley ha programado para el martes 17 de diciembre una audiencia virtual privada para evaluar el requerimiento fiscal con participación de las partes involucradas.
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La medida incluye también a Nathalie Flor Rubio Yllatopa, extrabajadora de la parlamentaria. Para ambas se pide el levantamiento del secreto de las comunicaciones en el período comprendido entre el 2 y 10 de abril de 2022.
Actualmente la legisladora tiene una denuncia constitucional en su contra en el Congreso de la República por el presunto delito de concusión en agravio del Estado al haber realizado supuestamente cobros indebidos a su personal.
Una de los trabajadores afectados es Cecilia Salazar Mattos, quien, en declaraciones al programa Punto Final, afirmó haberse desempeñado como asesora de la legisladora entre julio de 2021 y agosto de 2022, tiempo durante el cual habría transferido, según su versión, un monto superior a los S/24 mil.
En octubre último, cabe señalar, se dio cuenta de que Torres habría utilizado personal de su oficina para apoyar la campaña política de su esposo Fernando Meléndez Celis cuando postuló al cargo de gobernador regional de Loreto.
Al respecto, Torres ha respondido que las denuncias forman parte de una presunta campaña de «persecución política» en su contra.
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