La última denuncia contra el juez Richard Concepción Carhuancho llegó de la mano de un extraño, un abogado que acudió a la sede del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y presentó supuestas evidencias de que el magistrado no era imparcial. Su propósito no es otro que separar a Concepción del proceso que afronta Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el denominado caso Los Waykis en la Sombra. Y aunque el letrado pretenda mostrarse como alguien ajeno a lo que sucede, todo apunta a que es un oportuno servidor de un plan mayor.
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Pedro Lavado Degracia, el denunciante, no hizo más que replicar la tarea que ya había empezado Luis Vivanco, el defensor legal de Nicanor.
El 6 de noviembre, Vivanco pidió al juez apartarse del proceso, tras interponer una recusación, al advertir que este adelantó opinión en una clase virtual, dictada para el instituto Udeapolis, el pasado 15 de agosto.
Nicanor Boluarte es sindicado por la Fiscalía de integrar una red criminal que habría influenciado en el Ministerio del Interior (Mininter) para el nombramiento de prefectos y subprefectos que luego contribuirían, con recursos dotados por el Estado, a crear e inscribir el partido Ciudadanos por el Perú. Todo con la aparente venia de la mandataria.
Según Vivanco Gotelli, Concepción Carhuancho afirmó que Nicanor Boluarte formaba parte de esa organización criminal, cuando el Ministerio Público aún está corroborando ello.
“De esta manera, el magistrado no solo dictó de manera consciente y voluntaria la clase, exponiendo a mi patrocinado y quebrando sus deberes de imparcialidad, sino que, posteriormente, se habría comunicado con el instituto para que se manipule el video mediante una edición para eliminar la falta”, señaló en su escrito.
En el video, subido en el canal de YouTube de Udeapolis el 16 de agosto, se nota que el material fue editado cuando Concepción estaba por exponer organigramas de corrupción como parte de su clase Delitos contra la Administración Pública.
Una de esas imágenes era una infografía, elaborada por el diario La República, que mostraba a Nicanor Boluarte a la cabeza y debajo de él aparecían el abogado Mateo Castañeda y Víctor Torres, el amigo que delató las irregulares operaciones de los Boluarte para constituir el partido político.
No se escuchan comentarios del magistrado, pero para la defensa existe “un claro adelantamiento de opinión” por presentar al hermano mayor de la presidenta como un criminal sin haber sido condenado.
Ataque coordinado
Lavado, un chimbotano de 46 años, hizo suyo los mismos argumentos de Luis Vivanco, aunque recurrió a otra vía legal y se quejó el 11 de noviembre ante la Dirección de Ética del CAL, que regula el desempeño de los abogados de Lima. Y no solo eso, también dio la cara por Mateo Castañeda.
“Durante el dictado de sus clases universitarias, en particular de una de ellas, (Richard Concepción) se atrevió a presentar afirmativamente a los procesados Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda como integrantes de una organización criminal, sin que exista una sentencia firme que sustente tal afirmación”, sostuvo.
Castañeda es imputado de ser el brazo legal de Boluarte y su labor habría consistido en proteger de cualquier indagación penal al hermano presidencial.
“Este adelanto de opinión evidencia no solo un direccionamiento del proceso, sino el adelanto, y anticipando un juicio, comprometiendo su imparcialidad e inhabilitándolo para continuar dirigiendo el proceso conocido como Los Waykis en la Sombra”, concluyó Lavado.
¿De dónde salió este hombre de leyes? Sus contactos lo llevan al entorno aprista. En Facebook, Pedro Lavado tiene como amigos a familiares del excongresista Jorge del Castillo.
En su perfil de LinkedIn, declaró trabajar para el Estudio del Castillo, cuyo administrador es Manuel del Castillo Hernández. Este no es solo hijo del exlegislador, sino también un exmilitante aprista, según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Además, según Sunarp, Lavado Degracia es apoderado de Grupo Técnico de Servicio SAC, una empresa fundada por Del Castillo Hernández.
En 2015, el entonces parlamentario Daniel Abugattás alertó de los intereses apristas que estaban detrás de Castañeda cuando este tentaba convertirse en fiscal supremo. Abugattás dijo, en esa época, que el ahora exfiscal era amigo de Jorge del Castillo.
Si la denuncia procede en el CAL, el juez Concepción podría recibir una sanción, que va desde la amonestación, una multa económica o hasta su posible expulsión del gremio.
De concretarse este último castigo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tendría que evaluar la situación del magistrado, quien sin tener una colegiatura podría perder el puesto de funcionario público.
“La JNJ debe ver que un juez mantenga su condición de abogado hábil. Si ven que ya no es colegiado, se le abrirá un procedimiento de oficio, y ahí se decidirá si se le suspende o se lo retira”, explicó Mauro Leandro, director de Ética Profesional del CAL, a Perú21.
Esta no es la primera vez que Richard Concepción Carhuancho afronta una situación como esta. En enero de 2019 rechazó una recusación que interpuso el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama por “adelanto de opinión” en el caso Keiko Fujimori.
No obstante, en segunda instancia, la Segunda Sala de Apelaciones Nacional le dio la razón a Yoshiyama y apartó del proceso a Concepción, quien para ese entonces ya había dictado prisión preventiva contra Fujimori y la cúpula de su organización política.
En diálogo con este diario, Luis Vivanco deslizó que buscan ese mismo desenlace. “Esa vez (con Keiko Fujimori) fue recusado por la Sala porque el juez no la aceptó; entonces, tenemos que en el pasado una Sala sí revisa y dice que esta sí es una causal de recusación, y el juez debe apartarse. Eso puede suceder”, explicó.
Perú21 contactó a Pedro Lavado para conocer las reales motivaciones de su denuncia. Aseguró que no tiene relación con Mateo Castañeda y dijo que su único interés es “que se respeten los principios básicos del derecho procesal”.
También se buscó a Eduardo Barriga, abogado de Castañeda. Al cierre de esta edición no contestó las consultas sobre si tienen nexos con Lavado Degracia.
La audiencia de prisión preventiva requerida por la Fiscalía contra Boluarte, Castañeda y otras cuatro personas se ha prolongado ya por tres meses en esta semana. Y en todo ese tiempo, los Waykis han diseñado un plan claro: si el juez no cae con la recusación, lo hará con la denuncia. Eso está por verse.
