Por: Arturo Vásquez Cordano, socio de GĚRENS Consultoría y ex viceministro de Energía
El Congreso ha aprobado en primera votación un proyecto de ley que propone duplicar la participación de utilidades para los trabajadores del sector eléctrico, elevándola del 5% al 10%. Aunque en apariencia esta medida parece un acto de justicia laboral, lo cierto es que encierra consecuencias económicas, sociales y políticas profundamente negativas para el país.
Comencemos por lo evidente: esta medida beneficiaría a menos de 7 mil trabajadores del sector eléctrico, muchos de los cuales ya reciben el tope legal de 18 sueldos por utilidades, sumados a los 15 sueldos que se pagan normalmente en el Perú. Es decir, estamos ante un grupo que, en algunos casos, percibe hasta 33 sueldos anuales, una cifra impensable para el trabajador promedio.
Este no es un beneficio redistributivo ni inclusivo. La mayoría de trabajadores peruanos —en PYMEs o en el sector informal— no recibe utilidades. Por tanto, incrementar la participación en este sector no mejora la equidad social; más bien, la distorsiona. El Ministerio de Trabajo ya ha emitido una opinión técnica desfavorable sobre esta medida.
Además, FONAFE ha advertido que esta reforma representaría un sobrecosto anual de S/ 129 millones para las empresas eléctricas estatales. En una década, esto representará cerca de S/ 1,300 millones que podrían emplearse para electrificar zonas rurales y vulnerables. Es una pérdida grave para millones de peruanos que aún no acceden a este servicio esencial.
Tampoco se puede obviar el impacto tarifario. Se estima que la electricidad se encarecería en alrededor de 4% para todos los usuarios: hogares, comercios e industrias. Todos pagaríamos más para financiar un mayor beneficio laboral para unos pocos.
Una interpretación legal ampliada podría permitir que trabajadores de contratistas eléctricas —muchas de ellas PYMEs— también accedan al beneficio. Esto pondría en riesgo su viabilidad económica, aumentaría los costos de obras eléctricas y fomentaría la informalidad laboral.
Finalmente, el proyecto rompe el vínculo entre productividad y compensación. Al otorgar mayores ingresos sin requerir mayor esfuerzo, se debilitan los incentivos laborales. En lugar de bonos por eficiencia, se impone un beneficio generalizado que puede erosionar el desempeño y la calidad del servicio eléctrico.
El Congreso aún está a tiempo de enmendar esta decisión en segunda votación. No se trata de negar derechos, sino de defender un principio básico: que las políticas públicas deben ser sostenibles, equitativas y estar basadas en evidencia técnica. Esta no lo está.
