A diario, en el Perú, las mujeres que recurren a los servicios públicos de atención médica en busca de ayuda ante un aborto y terminan siendo denunciadas y perseguidas penalmente por el sistema de justicia, según el estudio de Proyecta Igualdad, titulado La crueldad hecha rutina: La criminalización del aborto en el Perú (2012–2022).
La investigación revela que entre 2012 y 2022, se ha procesado penalmente a 9 962 mujeres por aborto voluntario, es decir un promedio de 1 000 mujeres criminalizadas al año.
Las principales víctimas son mujeres jóvenes: el 78 % tiene entre 18 y 30 años. Además, el 71 % vive en situación de pobreza o pobreza extrema —solo una reportó ingresos mensuales superiores a S/ 1,000, mientras que ocho no percibían ningún ingreso—.
El 77 % solo cuenta con educación básica, el 88 % son solteras y el 100 % no registraba antecedentes judiciales.
Esta situación, según el estudio, evidencia que los hospitales públicos se han convertido en el primer eslabón de la criminalización del aborto para las mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad, explica Brenda Álvarez, abogada, presidenta de Proyecta Igualdad y una de las investigadoras del estudio.
“El personal médico interroga, amedrenta y denuncia a mujeres con emergencias obstétricas, exponiéndolas a procesos penales sin garantías” , detalla.
PROCESOS PENALES SE INICIARON EN HOSPITALES PÚBLICOS
Álvarez precisa que, según cifras del Ministerio Público, de los casi 10 000 procesos penales por aborto voluntario entre los años 2012 y 2022, el tipo de delito más registrado fue el autoaborto, con 9 845 casos ; También se registraron 96 procesos por aborto en casos de violación sexual o eugenésico y 21 procesos por aborto terapéutico, a pesar de que este último es legal en el Perú, lo que demuestra una aplicación arbitraria de la ley.
«Es urgente que se detenga la persecución del aborto para garantizar así el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Los hospitales no pueden dejar de ser espacios seguros y de cuidado», anota la investigadora. Al analizar 100 sentencias judiciales y 15 expedientes penales, se determina “un patrón sistemático de violaciones al debido proceso, estigmatización, amenazas y uso indebido de pruebas”, agrega.
De acuerdo con el estudio, el 84% de los procesos penales se iniciaron en hospitales públicos, cuando las mujeres acudieron a estos establecimientos a solicitar atención después de sangrados, hemorragias, abortos, entre otros. Un 71 % de las denuncias provinieron del personal de salud. Además, en muchos casos, se vulneró el secreto profesional y la integridad de los pacientes.
Las mujeres procesadas por autoaborto enfrentan procesos penales que duran en promedio 32 meses. En muchos casos, se sostienen sin pruebas sólidas ni respaldo legal : 6 de cada 10 mujeres procesadas terminan condenadas; 1 de cada 3 casos continuaron a pesar de que el delito ya había prescrito; 1 de cada 4 procesos nunca debían haberse iniciado pues no existían pruebas.
Además, se indica que el aborto fue consecuencia de violencia sexual o se trataba de un aborto terapéutico legal o hubo errores en la calificación del delito.
