¿Ojo por ojo? En un solo día, es decir el lunes último, además de la demanda interpuesta por el grupo político Renovación Popular se conoció la existencia de una vieja denuncia presentada contra la hoy Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuando era fiscal suprema.
Se trata de una denuncia constitucional planteada, en octubre pasado, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) .
En total, Espinoza tiene otras tres denuncias en su contra que deben ser vistas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: De Renovación Popular (caso IDL Reporteros); congresista Kira Alcarraz de Podemos (por interponer demanda en el caso doble sueldo de exmilitares y expolicías); y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez (filtrar información de sus procesos).
La demanda de Rospigliosi y los otros dos congresistas incluye a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos.
La existencia oficial de esa denuncia la dio a conocer el congresista Rospigliosi después de que la bancada de Renovación Popular interpusiera al inicio de la jornada del lunes una denuncia contra Espinoza por un presunto pacto con Sánchez en el caso IDL-Reporteros.
La denuncia de Rospigliosi, Cueto y Azurín busca inhabilitar a los cuatro fiscales supremos por diez años, acusándolos de desacatar la norma que otorga a la Policía la conducción de las investigaciones.
La ofensiva política contra Espinoza no es nueva. La semana pasada, la congresista Kira Alcarraz (Podemos) presentó la primigenia denuncia constitucional en su contra, acusándola de haber denunciado sin fundamento a once legisladores. Espinoza había señalado a esos congresistas —entre los que se encontraban Cueto y Azurín— por aprobar una ley que permite que policías y militares en retiro puedan recibir sueldo y pensión de manera simultánea.
Con esta nueva acusación, la Fiscal de la Nación enfrenta tres denuncias en menos de dos semanas, en lo que parece una guerra abierta entre el Legislativo y el Ministerio Público.
LOS ARGUMENTOS
Esta es la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación y otros tres fiscales supremos.
Se les acusa de que el 10 de octubre de 2024 se publicó la Ley N.º 32130, denominada “Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales” (en adelante, Ley N.º 32130). Y que cinco días después, el 15 de octubre de 2024, la Junta de Fiscales Supremos, bajo el liderazgo del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, emitió la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2246-2024-MP-FN.
«En esta disposición, establecieron una serie de directrices de obligatorio cumplimiento para todos los fiscales del país, las cuales, según la acusación, vulneran lo establecido en la Ley N.º 32130 y fomentan su incumplimiento por parte de quienes, paradójicamente, están llamados a ser garantes de la legalidad», señala el texto de la denuncia.
Según la demanda, los delitos que habrían cometido los cuatro fiscales supremos son prevaricato, falsedad genérica y abuso de autoridad.
Sobre la infracción constitucional, los denunciados habrían infringido el numeral 1 del Artículo 159° de la Constitución que «establece que el Ministerio Público es el encargado de defender la legalidad, por lo que, sus acciones no pueden promover el incumplimiento y desacato de la ley, Ley № 32130, toda vez que pese a ser cuestionada en su constitucionalidad por el Ministerio Público, le asiste el principio de presunción de constitucionalidad».
¿OJO POR OJO?
Esta maniobra se suma a la denuncia constitucional presentada el 28 de febrero por la congresista de Podemos, Kira Alcarraz, en respuesta a la demanda que interpuso Espinoza contra once legisladores —entre ellos Cueto y Azurín— por aprobar una ley que permite a exmilitares y expolicías percibir simultáneamente jubilación y sueldo.
Sin embargo, dicha denuncia fue archivada el último viernes, lo que refuerza la hipótesis de una contraofensiva política. En política, pocas cosas son coincidencia, y a veces se impone la ley del ojo por ojo, diente por diente.
No obstante, el congresista de APP, Roberto Chiabra, tomó distancia de esa lógica y declaró a la prensa que él no cree en esa ley marcial de la vida, por lo que está en desacuerdo con la denuncia de Alcarraz.
