Como era lógico, la tragedia de la matanza de trece ciudadanos peruanos, secuestrados y ejecutados cruelmente al interior de una mina en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, obnubiló los destapes periodísticos del fin de semana, que daban cuenta de reveladoras declaraciones del cirujano estético Mario Cabani, respecto a intervenciones quirúrgicas a las que se sometiera la jefa del Estado Dina Boluarte, en junio de 2023, en su clínica de San Borja. El secuestro o desaparición que fuera desconocido por el premier Gustavo Adrianzén en conferencia de prensa el 30 de abril, el vocero N.° 2 de Poder Ejecutivo, ha desatado la indignación justificada de los familiares de las víctimas, así como de la ciudadanía en general y ha merecido la interposición de más de una moción de censura en el Congreso de la República; su permanencia en la PCM parece pender de un hilo. Esta columnista se solidariza con los deudos de los trabajadores asesinados, que enlutan al país, duelo que será muy difícil de cerrar.
Si bien es cierto, las afirmaciones efectuadas por este médico ante el Ministerio Público, levantado que fuera el secreto profesional por disposición judicial, deberán ser contrastadas y corroboradas con pruebas; en mi opinión, guardarían verisimilitud con fechas y acontecimientos que rodearon la agenda de la mandataria, la misma que no presentó actividad pública, por lo menos que se conozca, más allá de decretos publicados en el diario oficial El Peruano, cuya firma estaría en entredicho. Sobre el tema, llama la atención el pago con retardo de más de un año por las intervenciones estéticas, tildadas así por el citado galeno, en cuyo lapso se habrían dado nombramientos en sectores públicos con manejo de pliego presupuestal, cuyos nombres aparentemente constan de un correo electrónico cursado por Cabani a la exsecretaria de la presidenta Boluarte, Patricia Muriano. Así también, que dicho pago haya sido en efectivo, pese a su monto, de 4,500 dólares, según el Semanario de Hildebrandt en sus Trece, el que por ley debió hacerse a través de la banca, máxime si la paciente tiene la condición de PEP (persona expuesta políticamente), que están bajo la lupa de la UIF.
Trasciende un inminente fallo del Tribunal Constitucional que se inclinaría a favor de la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo, por lo cual, no surtiría efecto inmediato el eventual vacío de poder que pudiese haberse dado, si como dice el cirujano Boluarte fue sedada. La masacre de Pataz, también opaca la inoportuna e injustificable pretensión del alza de sueldo de la mandataria, en más del 100%. El costo lo reflejarán las ánforas en las Elecciones Generales del 2026, ahí la clase política se verá las caras con los ciudadanos.
