El hallazgo de los cuerpos de 13 mineros, quienes habían sido reportados como secuestrados en la provincia de Pataz, ha desatado una ola de reacciones políticas a nivel nacional.
El partido político Acción Popular se pronunció mediante un comunicado, en el que califica esta tragedia como un «rotundo fracaso» de las políticas gubernamentales.
«Esta tragedia vuelve a evidenciar el rotundo fracaso de la política implementada por el gobierno de turno, basada en declaratorias de emergencia ejecutadas de manera improvisada, con acciones efectistas y sin reformas profundas», indicó el partido.
Además, señalaron que existe una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno, destacando la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, a quien exigieron asumir su responsabilidad política.
Acción Popular también solicitó la «renuncia inmediata» de la presidenta del Consejo de Ministros, así como la renovación total del gabinete. En caso de que esta solicitud no sea atendida, anunciaron que recurrirán a los mecanismos constitucionales para forzar la salida del gabinete.
Por su parte, el partido APRA también demandó la renuncia del gabinete en un comunicado, señalando que el presidente del Consejo de Ministros, así como los ministros de Defensa, Interior, Energía y Minas, deben asumir la responsabilidad política por los hechos ocurridos.
El partido exigió medidas más drásticas por parte del gobierno para enfrentar el desorden y la delincuencia en la zona, así como para ubicar a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.
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