Esta mañana, los cuerpos de 13 mineros secuestrados fueron encontrados en un socavón de Pataz, en la región La Libertad. Los autores de este horrendo crimen serían mineros informales que buscan obtener el control de esta zona.
Al respecto, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, lamentó los hechos e indicó a Perú21 que es necesario que la Policía articule un plan efectivo.
«La verdad es que es inconcebible que no sea definido una estrategia adecuada para cada zona, que es distinta. En el caso de Pataz, este estado de emergencia no se trata solamente de poner fuerza militar, se trata de seguir una estrategia que se base en inteligencia y que pueda controlar o prevenir secuestros y este tipo de actividades», sostuvo.
«Es inaudito porque estamos hablando de la vida de 13 trabajadores. Es incalificable. Un estado de emergencia lírico no significa nada. Lo que se tiene que hacer es trabajar este de manera más estructurada, con inteligencia», detalló.
Agregó que se debe «hacer rastrillaje de zonas calientes y capturar a los delincuentes».
En otro momento, consideró que la prórroga constante del REINFO (registro de mineros informales en proceso de formalización) genera estos crímenes.
«El REINFO dificulta la persecución del delito. Eso es lo que no quieren entender los congresistas que impulsan y promueven su extensión. Una de las cosas que tiene el REINFO es la inmunidad por los delitos de tenencia de explosivos, por no poder demostrar cuál es el origen del del mineral obtenido. Recordemos que el artículo final transitorio del Código Procesal Penal que se dio en el año 2017, durante la gestión de Marisol Pérez Tello, incluyó este último minuto, ese artículo que le da inmunidad absoluta a quienes están bajo el REINFO. Esto se hizo con el pensamiento y el criterio de que esto no duraría más de 120 días, pero en realidad, pero como se sigue extendiendo, esa inmunidad se mantiene, casi por una década. Las prórrogas sucesivas del REINFO generan esta situación», enfatizó.
Aseguró que el Congreso debe eliminarlo, aunque «aquellos que tengan su concesión deben tener las facilidades para poder hacer sus denuncios, hacer sus exploraciones y poder explotar a pequeña escala, que se les dé todo el apoyo técnico, legal y financiero para que puedan este hacer las operaciones, pero que no tengan ninguna inmunidad legal por este por los delitos penales».
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