Se presentó el esperado shock desregulador del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta iniciativa se convierte, sobre todo, en una señal política potente de que se quiere desatar el potencial productivo del Perú.
La desregulación debe entenderse como un proceso técnico y racional para eliminar barreras innecesarias, reducir costos de cumplimiento y mejorar la eficiencia del aparato estatal. Cuando las normas están mal diseñadas o son excesivas, el costo lo paga el ciudadano: se frena el emprendimiento, se encarece la inversión y se alimenta la informalidad.
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) indica que a pesar de algunos avances, la calidad regulatoria en el país sigue siendo baja. La proliferación de procedimientos administrativos (PA) es alarmante: entre 2021 y 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros validó 560 nuevos PA, de los cuales 389 fueron completamente nuevos. Recientemente, el Banco Central comentó que la eliminación de barreras burocráticas puede elevar la Productividad Total de Factores en un 11%.
El CPC también ha documentado cómo el exceso normativo perjudica especialmente a los pequeños negocios, genera discrecionalidad en los gobiernos locales, y crea un clima hostil para la inversión. Tan solo en 2023, Indecopi eliminó 4,720 barreras burocráticas, muchas de ellas creadas por municipalidades sin mayor justificación. Aun así, el costo económico de estas barreras alcanzó los S/117 millones, y eso es solo lo que se ha podido cuantificar.
En este marco, el shock presentado por el MEF recoge varias propuestas con alto potencial: la adopción de una regla de “uno dentro, dos fuera” para los procedimientos administrativos, la estandarización obligatoria de trámites en municipios, el fortalecimiento del análisis de calidad regulatoria y de impacto regulatorio, y, crucialmente, la reforma de la tramitología minera. Este último punto es vital: el exceso de trámites ha ralentizado proyectos que podrían generar hasta US$177 mil millones en valor agregado y más de 240 mil empleos.
No se puede predecir con certeza el impacto real de este shock. Las reformas regulatorias no producen efectos inmediatos y requieren un proceso sostenido de implementación, monitoreo y ajuste. Pero una cosa sí es clara: este es el camino correcto. Es una señal inequívoca de que el Estado reconoce su culpa en la creación de cuellos de botella y está dispuesto a actuar.
Así como hablamos del Día D, como una fecha clave que cambió una guerra, este shock desregulador podría convertirse en nuestro Día S: un gesto de confianza al ciudadano, al emprendedor y al inversionista; la constatación de que el país no está condenado a la mediocridad regulatoria. Para que no quede en buenas intenciones, se necesita compromiso político sostenido, respaldo del Congreso y vigilancia activa de la sociedad civil y el sector privado. El verdadero reto comienza ahora: implementarlo con disciplina y sin titubeos.
