Los días de Alejandro Toledo en la cárcel llegarían pronto a su fin. Y todo por una norma aprobada por el Congreso de la República. El expresidente sentenciado a 20 años de prisión efectiva por recibir coimas de la empresa Odebrecht solo está a la espera de que termine el trámite para irse a su casa.
Roberto Su, abogado del exmandatario, confirmó a Perú21 que días después de que su patrocinado cumpliera 80 años, el pasado 28 de marzo, requirió al Poder Judicial que se aplique la nueva ley.
La Ley Nº 32181 fue promulgada el 11 de diciembre de 2024 y, entre otros cambios, modificó el artículo 22 del Código Penal que refiere a la reducción de la pena por edad.
La directriz ahora señala claramente que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán sus condenas conforme a lo que estipulan los artículos 288 y 290 del Nuevo Código Procesal Penal. En ambos se especifican las restricciones que puede imponer un juez a un procesado considerando la detención domiciliaria.
No se hacen distinciones, corruptos, violadores, asesinos y hasta terroristas podrían invocar la norma para su beneficio.
“Hace más de un mes hemos presentado el pedido, el juez decide si resuelve o convoca a una audiencia previa, pero lo que ya debió hacer el magistrado es haber notificado a la Fiscalía para que emita su opinión”, expresó Su a este diario.
Esa solicitud se encuentra en el despacho del juez de garantías Richard Concepción Carhuancho. Se trata de un proceso diferente a la apelación que interpuso la defensa de Toledo Manrique a la sentencia por corrupción, que aún no tiene fecha de audiencia para evaluarse.
Toledo fue sentenciado en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, pero ya se encontraba recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, luego de haber sido extraditado desde Estados Unidos.
El ejemplo más claro de que el exgobernante será beneficiado sucedió el último lunes. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 años de prisión a Rómulo Peñaranda, exdirectivo de la empresa Alpha Consult que recibió coimas de Odebrecht para aprobar informes de supervisión de obras que ejecutó la constructora brasileña.
Los jueces, no obstante, aclararon que Peñaranda cumplirá la condena en arresto domiciliario ya que tiene 82 años.
Y así como ellos hay otros personajes que pronto gozarán de esa ley. Uno de los más próximos: el exasesor Vladimiro Montesinos.
El ‘doc’ sonríe
En 18 días, Montesinos cumplirá 80 años y al día siguiente podrá requerir a la justicia que se adecúe la Ley Nº 32181 a su caso. Es decir, culminar el arresto en su vivienda.
Sobre el ‘doc’ pesan condenas por violación de derechos humanos, pero por un fallo del Tribunal Constitucional (TC) en diciembre de 2024, este podrá recuperar su libertad plena en 2026.
La sentencia del TC fue emitida por un recurso que interpuso el exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Juan Rivero Lazo, en el caso del asesinato y desaparición del ciudadano Fortunato Gómez Palomino.
El máximo intérprete de la Carta Magna concluyó que el conteo de la pena, por más que sean múltiples contra una persona, se subsumen en la pena mayor y empieza desde que el condenado fue detenido en prisión.
Montesinos fue capturado en junio de 2001 y la condena mayor que acata es la de 25 años de cárcel por la masacre de Barrios Altos. Por eso el conteo termina para él en junio de 2026, en plenas elecciones.
Otros beneficiados
Hace dos semanas, el 15 de abril, el número 2 de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo, cumplió 80 años y si bien fue sentenciado a cadena perpetua por el atentado de la calle Tarata en 1992, puede requerir pasar sus últimos días en arresto domiciliario.
En el caso Lava Jato hay más exfuncionarios públicos que también serán beneficiados con esa norma impulsada por el Congreso. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, procesado por los contratos que suscribió su empresa con Odebrecht mientras fue ministro, tiene 86 años y califica con el requisito.
Otro es el exsecretario presidencial de Alan García, Luis Nava Guibert, quien recientemente fue acusado por la adjudicación irregular del Metro de Lima durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).
La Fiscalía ha requerido contra Nava la pena de 30 años de cárcel por interceder para beneficiar a Odebrecht modificando el marco legal del proyecto y a cambio de ello recibió US$4 millones.
El exhombre de confianza de García cumplirá 80 años el 19 de marzo del 2026, fecha para la que aún no se habrá emitido sentencia en el proceso que afronta.
Según el penalista Fernando Silva, el Poder Judicial no actúa de oficio sino a pedido de las defensas. En su opinión, debería convocarse a audiencias para que se evalúe el requerimiento uno a uno.
“Los jueces deben meditar sus decisiones, creo que tendría que haber una audiencia al respecto porque las normas penales son de aplicación inmediata; acá la evaluación no es por la persona sino en determinar si los sentenciados cumplen el requisito procesal”, dijo Silva a Perú21.
Ante las consecuencias que trae la Ley Nº 32181, desde el Congreso han empezado a tomar medidas.
La congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que propone excluir de este beneficio penal a los mayores de 80 años que fueron sentenciados por violación de menores de edad, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.
La Comisión de Justicia del Parlamento aprobó el dictamen final, sin incluir delitos de corrupción ni lavado de activos, y ahora este debe ser debatido en el Pleno para proceder con los cambios.
De esta forma empezará el desfile de sentenciados que buscarán regresar a la comodidad de sus hogares, muy lejos de reformarse en prisión y de arrepentirse de sus delitos.
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