Políticos, juristas y empresarios exhortan al Gobierno del Perú a condenar la inhabilitación de María Corina Machado

Actualizado el 30/01/2024, 06:16 p.m.

Políticos, juristas y empresarios peruanos emitieron un pronunciamiento en el que exhortan al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, así como al Congreso de la República, a condenar la inhabilitación de María Corina Machado, lideresa opositora venezolana, quien iba a competir contra el actual gobernante, Nicolás Maduro, en las elecciones de este año.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a pronunciarse contra el veto impuesto a la Sra. Machado, así como demandar elecciones libres”, se lee en la carta. Como se sabe, ninguno de los dos poderes del Estado peruano en mención se han pronunciado ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de inhabilitar a Machado por un periodo de 15 años.

El documento es suscrito por personalidades como el excanciller Francisco Tudela van Breugel-Douglas, el expresidente de la Confiep Roque Benavides Ganoza, los expresidentes del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez y Óscar Urviola, el excomandante general del Ejército Otto Guibovich, el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo José Baella, la exprimera dama Pilar Nores, entre muchos otros.

“Los países democráticos deben desconocer las elecciones fraudulentas que se quieran realizar y presionar internacionalmente para que se retire todo apoyo al gobierno corrupto y violador de derechos humanos que encabeza Nicolás Maduro, denunciado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad”, continúan.

Como se sabe, el último viernes 26 de enero el TSJ de Venezuela confirmó la sanción de inhabilitación por 15 años contra Machado por su apoyo a las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, así como por su respaldo a Juan Guaidó, dirigente opositor llanero que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero de 2019, tras el inicio del segundo mandato de Maduro producto de una reelección con votos considerados fraudulentos por Estados Unidos, la Unión Europea y una serie de países a nivel mundial.

Según la ONG Acceso a la Justicia, desde el 2002 el chavismo ha inhabilitado a más de 1,400 ciudadanos para ejercer cargos públicos. Así ha convertido esta práctica en la más eficaz para deshacerse de sus más difíciles contendores. El gobierno de Estados Unidos restableció las sanciones contra Maduro, tras entender que se ha roto el Acuerdo de Barbados que firmaron en octubre de 2023, en el que Venezuela se comprometió a establecer una ruta electoral que permita elecciones presidenciales transparentes y sin inhabilitados políticos.