"El Estado está en la obligación de tutelar y restituir los derechos vulnerados de ‘Mila’, sus hermanitos y su propia madre, todos víctimas al fin". (Foto: GEC)
"El Estado está en la obligación de tutelar y restituir los derechos vulnerados de ‘Mila’, sus hermanitos y su propia madre, todos víctimas al fin". (Foto: GEC)

Tuvo que desatarse una condena generalizada por parte de la ciudadanía contra la cuestionada decisión de un juez de Loreto de dejar suelto en plaza a Lucas Pezo Amaringo (41), sindicado como violador sexual sistemático de su hijastra ‘Mila’ (11) y que, como consecuencia de ello, quedara embarazada, para que un tribunal de apelaciones enmendase la plana a dicho magistrado disponiendo la prisión preventiva del agresor.

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Es una medida que esperamos no sea tardía, porque es previsible que el monstruo haya pasado a la clandestinidad y sea inubicable. Todo lo que pudo evitarse si en la primera instancia del propio Poder Judicial se hubiese apresado al padrastro, teniendo en cuenta la edad de la víctima (menor de 14 años), que haya sindicado directamente a su violador, la penalización del acto sexual con sanción de cadena perpetua y el entorno familiar donde se sucedían las agresiones que se remontan desde los 7 años de la niña; elementos que fueron ignorados y que al hacerlo acrecentó la percepción de orfandad de justicia de la víctima y, con ella, de todas las niñas del Perú.

Menos mal que en aplicación del principio de pluralidad de instancia se revocó la vergonzosa comparecencia dictada a favor del violador, medida adoptada luego de efectuada la valoración y ponderación de los citados elementos y en consideración del interés superior del niño.

No obstante, el drama de ‘Mila’ continúa. Actualmente, ella junto a sus hermanitos han sido llevados a un Centro de Acogida Residencial (albergue) al haber considerado inicialmente la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer que el entorno familiar no era el más adecuado para estos menores, medida que se encuentra en evaluación, porque lo idóneo es que los niños no sean privados de sus vínculos parentales (familiares) porque estos influyen en su desarrollo integral.

El Estado está en la obligación de tutelar y restituir los derechos vulnerados de ‘Mila’, sus hermanitos y su propia madre, todos víctimas al fin. El acompañamiento en este proceso debe ser sostenido y las autoridades fiscalizadoras como la ciudadanía debemos verificar que así sea; por lo pronto, en esta tarea están comprendidos los sectores de Mujer (ente rector), Salud, Educación, Midis con sus programas sociales, entre otros, así como el efectivo acceso a la justicia. El Estado está en deuda con ‘Mila’ y con miles de niñas, niños y adolescentes como ella, que viven la tragedia de la violencia sexual y que no levantan su voz por miedo a sus agresores que viven en ese mismo espacio llamado a serles seguro, su hogar, o porque de hacerlo, muchas de las autoridades se harían de la vista gorda para hacerles justicia. El drama de ‘Mila’, aún continúa.

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