El eje del mal estaba preparando todo para que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides retome sus funciones el próximo 6 de junio, en vista de que se cumplía el plazo de la suspensión que la Junta Nacional de Justicia había decretado para cautelar el cargo y la función de la máxima autoridad que representa el Ministerio Público, justamente encargada de perseguir el delito.

Por eso la intención era descabezar la JNJ, para que no pueda tener quorum y evitar la sanción correspondiente que sería la destitución de Benavides, ante tantas evidencias de faltas y delitos penales que habría cometido, incluyendo tráfico de influencias y coimas, que imposibilitan cualquier argumento de defensa. Porque, paradójicamente, Benavides lideraría la institución que investiga y denuncia el delito.

Aun con el debilitamiento de la JNJ, el eje del mal estuvo desesperado y se atrevieron hasta a presentar un proyecto de ley, de la noche a la mañana, para permitir asumir el cargo a los postulantes que desaprobaron en el proceso de evaluación y selección de miembros de la JNJ. Todo esto se da con el objetivo claro de destituir a los magistrados Tello y Vásquez, ante la negativa de los accesitarios que no aceptaron asumir el cargo, porque consideraban que el procedimiento desarrollado para destituir a dos magistrados fue arbitrario y una violación de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano.

La estrategia también contemplaría estar alertas con el actual Tribunal Constitucional, que está a la espera de las decisiones del Congreso; se entiende que hoy no queda nada del TC que conocimos y que además era la garantía para la obtención de justicia, agotadas todas las instancias. Hoy está disminuido y manoseado por un Congreso que ha sido el principal promotor de las ilegalidades del Gobierno, que recién salen a la luz.

El tinglado estaba bien hecho, por eso se sentían confiados con la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema, pero no contaron con que el Ministerio Público iba a solicitar al Poder Judicial la suspensión por 36 meses del cargo de fiscal suprema. Este procedimiento ha sido admitido inmediatamente por el sistema de justicia, en apego a su independencia como poder del Estado, confirmando para la próxima semana la sesión para la suspensión de Benavides.

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