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Redacción PERÚ21

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Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com

Pero la estupefacción se convierte en pasmo cuando se da a conocer que uno de los forajidos había sido dado de baja de la institución policial por reiteradas inconductas ¡y fue repuesto en el cargo por decisión judicial! Hace más de siete años, el entonces ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, dio a conocer una lista de 200 efectivos cesados por Inspectoría General o por las instancias correspondientes y entronizados –para actuar con impunidad y desenfado– por decisión de algún juez. ¿Por qué actúan los jueces de esta manera? ¿Por corruptos? ¿Por ineptos? ¿Por excesivamente formalistas? Probablemente la respuesta correcta sea una combinación de las posibilidades señaladas y habrá ejemplos para ilustrar cada caso, pero lo que resulta inadmisible es que los gobernantes permanezcan indiferentes o resignados ante ese estado de cosas.

Es cierto que las políticas de seguridad son complejas e involucran a sectores tan disímiles como los municipios, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y hasta el INPE. Precisamente por eso fue recibida con beneplácito la idea de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que el presidente Humala se comprometió a liderar personalmente. Por desgracia, el entusiasmo inicial parece haber disminuido y, hasta donde sabemos, el Consejo Nacional de Seguridad, solemnemente instalado, ha dejado de reunirse. Quizá porque no se tiene claridad respecto de los objetivos. No se trata de ordenar operativos, disponer acciones aisladas o incrementar las penas cada vez que se produce algún delito particularmente atroz. Se trata de coordinar a los diversos sectores, de fijarse objetivos concretos y mensurables, de planificar a largo plazo. En dos palabras: de ejercer liderazgo.