Katherine Ampuero: “La JNJ nombrará a procurador general”

Katherine Ampuero Meza es abogada, especialista en temas de lavado de activos, corrupción de funcionarios y crimen organizado. Fue, además, procuradora pública ad hoc del caso Odebrecht. En los comicios del próximo 11 de abril postula al Parlamento con el Nº 3 en la lista por Lima de Alianza para el Progreso. Entre sus propuestas figura reformar la Constitución para que sea la Junta Nacional de Justicia la que nombre al procurador general del Estado.

Plantea usted garantizar la autonomía de la Procuraduría General del Estado. ¿De qué manera y por qué?

Si bien la Ley de Defensa Jurídica del Estado señala la autonomía e independencia de ese organismo, en los hechos está muy vinculado al poder político porque al procurador general lo nombra el presidente de turno. El actual procurador Daniel Soria ha sido nombrado por Martín Vizcarra, lleva dos años en el cargo y no ha presentado ni una sola denuncia penal contra un alto funcionario del Estado pese a los graves hechos de corrupción que se han suscitado en esta pandemia. Por eso voy a proponer que su elección sea a través de un concurso público de méritos y esté a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

¿Cómo se implementaría en instancias menores? ¿También dependería de la JNJ?

Se trataría de una reforma constitucional porque la JNJ tiene solo facultad para nombrar jueces y fiscales de todas las instancias a nivel nacional y a los jefes de la ONPE y del Reniec. A los demás procuradores especializados de lavado de activos, anticorrupción, terrorismo y orden público también los nombraría la Junta, y a los otros procuradores los podría nombrar ya el procurador general del Estado. Eso garantizará que si algún procurador tiene que denunciar a un ministro, fiscal o juez, no va a ser separado ni destituido del cargo.

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En el caso de la Contraloría General propone ampliar las acciones de control concurrente.

La Contraloría tiene la facultad de realizar un control previo y un control posterior de todos los contratos que suscribe el Estado, sea con personas naturales o jurídicas, pero hay contratos que están exentos de fiscalización como los que se suscriben con otro Estado u organismos internacionales. Desde el Congreso le vamos a dar la herramienta legal para que controle esos contratos. Nadie debe tener corona y si un organismo internacional quiere contratar con el Estado deberá someterse a nuestras leyes.

Se ha denunciado corrupción en la pandemia. ¿Planteará alguna medida en el Congreso?

De llegar al Congreso voy a proponer la formación de una comisión multipartidaria para investigue estos hechos, empezando por las compras sobrevaloradas de pruebas rápidas adquiridas a laboratorios chinos que ni siquiera tenían certificación sanitaria.