Silvia Guevara: “La Contraloría podría intervenir con una denuncia”

Perú21 reveló que el 25% de los más de 400 funcionarios públicos del Gobierno Regional de Junín, son militantes activos del partido Perú Libre, cuyo dueño es Vladimir Cerrón. El partido por el cuál el candidato Pedro Castillo, intenta llegar al poder. ¿Qué irregularidades podrían presentarse? Silvia Guevara, nos explica.

“Un funcionario público se ciñe a un marco legal y también hay una ley que es la del código de ética de función pública. Que se refiere a la prohibición de actividades de proselitismo político, habría que analizar cada caso en particular, para evaluar una conducta de manera individual, el uso de recursos del estado por ejemplo”, indica.

Señaló además que hay una ley Servir que debería implementarse ahora más que nunca en los gobiernos regionales y locales, para que no haya dudas de cada funcionario es escogido en base a sus méritos y sus capacidades.

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“Para poder transitar esta ley (Servir) de la meritocracia en los gobiernos regionales, necesitamos de la voluntad de las propias autoridades. Y eso depende de quienes lideran la institución en este caso un gobernador regional o un alcalde. La norma por sí sola no involucra un cambio y prácticamente hay un esfuerzo que realizar para ponerlo en vitrina”, añadió la especialista en gestión pública.

Para ello es necesario hacer un mapeo de puestos, de los perfiles y de la estructura de la organización. a la fecha 58 gobiernos regionales están en tránsito a la ley Servir y 242 a nivel local. Lo que sí se podría hacer de forma inmediata es que a través de una denuncia la Contraloría entre a tallar.

“Ya es labor de la Contraloría a través del control posterior, de los organismos que tiene el gobierno para que este tipo de contrataciones sean auditadas, evidenciadas, si es que hubo una irregularidad. La otra, es que los funcionarios que conozcan de esto, realicen una denuncia, para que se haga una investigación sea por una contratación o si han sido testigos de que se haya dado algún tipo de delito”, concluyó.

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