Rafael López Aliaga juega sus últimas cartas ante el TC

Ayer, en una audiencia pública realizada ante el Tribunal Constitucional (TC), el burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, jugó sus últimas cartas en el caso de los peajes de la capital, buscando que se devuelva a la municipalidad de Lima —a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape)— el control de las garitas administradas ahora por Rutas de Lima.

“Aquí venimos a pedir protección a los derechos humanos y la restitución a la situación anterior, donde Emape tenía el control de los peajes; y el compromiso de tener una tarifa social”, expresó López Aliaga ante el nuevo magistrado del TC, Pedro Hernández Chávez.

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De devolverse la administración de las tarifas de peaje a Emape, el alcalde de Lima aseguró que se eliminaría el cobro a los vecinos de las zonas afectadas como Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, Lurín, y Pachacámac.

La autoridad edil, que durante la audiencia recordó que la propia exalcaldesa de Lima Susana Villarán aceptó que recibió una coima de Odebrecht, criticó severamente las alzas de los peajes definidas en el contrato de concesión, las cuales calificó como un perjuicio económico para el Estado. “Empezó con 2.11 soles, pasó a 6.50. Está pasando a 7.50 y se va, por lo menos, a 17 soles. Esto no lo para nadie porque está en el contrato”, dijo el alcalde ante el TC.

Según el burgomaestre, cualquier disminución de ingresos para Rutas de Limas es considerado como una fuga de peajes, la cual tiene que ser reembolsada por la municipalidad de Lima.

Por su parte, la defensa de Rutas de Lima, a cargo de Isabel Tello, argumentó que los puntos de fuga son vías que se cruzan y atraviesan las vías concesionadas. En ese sentido, la letrada señaló que el contrato de concesión solo regula los puntos de fuga; y que, por lo tanto, los vecinos de las zonas aledañas podrían utilizar hasta cinco vías alternas para trasladarse.

La abogada concluyó la exposición de sus alegatos señalando que el TC no tenía competencia para resolver la controversia del caso de los peajes, ya que los términos contractuales no pueden ser modificados por una ley o una sentencia, sino por un proceso de arbitraje.

“Estoy convencido de que la vía que se escogió a través de acciones constitucionales (…) no es la vía para poder modificar los términos de un contrato de concesión que se venía cumpliendo y que, en todo caso, se puede resolver a través de la vía arbitral”, indicó el expresidente del TC Óscar Urviola, en una entrevista para Perú21TV.

Pese a reconocer el carácter social de la petición del alcalde de Lima, Urviola advirtió que el habeas corpus presentado en el caso no era un recurso viable desde el punto de vista constitucional procesal.

Anteriormente, Urviola presentó un informe técnico por encargo de Rutas de Lima.

DEFENSORÍA SE PRONUNCIA

Elizabeth Zea, en representación de la Defensoría del Pueblo, señaló que las vías alternativas mencionadas por la defensa del concesionario son trochas, con escasa señalización, que no satisfacen las condiciones de accesibilidad mínima. En tal sentido, afirmó que no solo se estaba vulnerando la libertad de tránsito de los residentes de Puente Piedra, sino también el ejercicio de otros derechos fundamentales como salud, educación y trabajo.

La funcionaria, además, sostuvo que el contrato entre Odebrecht y la gestión municipal de Susana Villarán había sido suscrito sin considerar los mecanismos de participación ciudadana correspondientes.

Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el magistrado Pedro Hernández dejó al voto la demanda de habeas corpus y la demanda de amparo presentadas contra Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima.

TENGA EN CUENTA

- El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, le dijo a Perú21TV que el Poder Judicial debe darle celeridad al proceso penal en contra de Susana Villarán, ya que eso confirmaría que hubo un acto de corrupción en la suscripción del contrato de concesión.

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