Revocatorias: El ocaso de la sinrazón, el retorno de la sensatez [Análisis]

En las últimas revocatorias —llevadas a cabo el 11 de junio— se vio el número más bajo de autoridades sometidas a un proceso revocatorio: 89. Esta cifra es siete veces menor que la que se registró en 2013 y casi quince veces menor que la de 2012.

La reducción de la cantidad de autoridades revocadas respecto a los dos procesos anteriores también fue significativa. Si en 2012 y en 2013 se revocaron 469 y 213 autoridades, respectivamente, en 2017 solo se revocaron 62, la menor cantidad registrada desde el año 2005.

En 2017 también se regresa a un porcentaje (69.7%) muy similar al primer proceso de 1998 (71.1%), lo que denota sensatez para un proceso concebido como una rendición de cuentas.

En 2015 se aprobó la Ley N° 30315, que introdujo cambios a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (N° 26300). La modificación determinante, en el artículo N° 22, estipula que cualquier intento de revocatoria necesita estar acompañado de por lo menos el 25% de las firmas del total de los votantes de la respectiva circunscripción, quitándole el límite máximo de 400 mil firmas existente hasta entonces.

Con este cambio, se hacen más difíciles las revocatorias, en particular en las circunscripciones grandes. Antes, cuando el 25% era mayor que 400 mil, bastaba con que los revocadores cumplieran con este mínimo de firmas; ahora requieren, sin excepción, el apoyo del 25% de los electores. Esto, además, explicaría el hecho de que todas las revocatorias de 2017 fueron en distritos, ya que estos tienen un número bajo de votantes.

Otra modificación que puede haber influenciado en la disminución del intento de revocatoria es que se aumentó la rigidez de los plazos. Ahora el kit se debe comprar en el segundo año de mandato y la revocatoria solo se lleva a cabo en junio del tercero.

A estos nuevos requisitos hay que sumarle el hecho de que, para que una autoridad sea revocada, es necesario –luego de conseguir el 25% de adherentes– que por lo menos el 50% de los votantes de la circunscripción acuda a votar.Queda claro que la intención que se planteó el Congreso en 2015 se cumplió: las nuevas elevadas exigencias redujeron considerablemente el número de pedidos de revocatoria y de autoridades revocadas. Este hecho debería favorecer la capacidad de gobierno de las distintas autoridades elegidas en el nivel subnacional, dado que son pocas las posibilidades de que estos funcionarios deban concentrar parte de sus energías en combatir procesos de esta categoría.

Sin embargo, todavía restan dos incógnitas que solo el tiempo resolverá: 1) saber si las trabas han reducido los incentivos de las autoridades de llevar a cabo buenos mandatos, dado que el peligro de ser revocados –en gran medida– ha desaparecido; y 2) conocer si los cambios han restado la capacidad de la ciudadanía para forzar a que las autoridades rindan cuentas, en particular en el caso de circunscripciones, cuyo número de votantes es elevado.

Teniendo en cuenta el alto número de funcionarios subnacionales electos que se han visto involucrados en escándalos de corrupción, hoy ambas interrogantes resultan muy relevantes.