Rafael Vela: "El caso de los Humala-Heredia es sólido"

Rafael Vela jefatura el equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato desde hace diez meses. Bajo su conducción son investigados los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años, esos que involucran a expresidentes, políticos, empresarios, y que concitan la atención mediática a la que este abogado de profesión no termina de acostumbrarse. En un interín de sus labores, Rafael Vela visitó el set de Perú21.TV y dio algunos alcances de los procesos que, en los próximos días, seguirán marcando la agenda política nacional. Fue una conversación extensa, en la que, apartándose del rigor profesional, se dio tiempo para reconocer el soporte emocional que le da su familia para desempeñar una tarea en la que él, y un equipo de comprometidos fiscales, dice: “Hemos decidido ponernos de frente y no de costado”.

¿Cómo se siente despertar cada día e ir tras una persona muy poderosa que tiene seguidores y detractores? ¿Cómo lleva Ud. ese ritmo?
Con un sentido de compromiso de carácter institucional. Dentro del equipo especial trabajamos de manera técnica con base en lo que demanda el caso en particular. Sin duda, es un trabajo de muy alta presión considerando que dentro de las investigaciones hay personas de muy alto perfil, no solo funcionarios públicos, sino empresarios, políticos en general.

¿Cómo llevan esta responsabilidad sus familias y el hecho de que haya gente que los aplaude y apoya, pero también que los odia y acusa de todo?
Es un tema complejo. La familia tiene que soportar emocional y espiritualmente nuestro trabajo. La capacidad de comprensión tiene que ser mucho mayor a la estándar; trabajamos sin horarios, frecuentemente tenemos que viajar dejando de lado nuestro núcleo familiar. Además, hay mucha opinión a favor o en contra del trabajo que hacemos; entonces, la familia tiene que estar resguardada policialmente. Hay cierta pérdida de intimidad y la única manera de compensar eso es con el amor de familia.

Hay un sector de periodistas que los acusa de pertenecer a una coalición de ONG de izquierda que está haciendo tropelías contra los políticos; claramente ese sector apoya más al Apra y a Fuerza Popular. ¿Qué les respondería?
Eso siempre resulta siendo una opinión episódica. Desde nuestro punto de vista, ese tipo de opiniones no tienen base fundacional sólida. Nosotros hacemos un trabajo profesional en orden a la evidencia que vamos acumulando y que es progresiva. No todos los casos tienen el mismo avance, por eso el primero caso que se activó fue el de Ollanta Humala. A veces las personas pierden la perspectiva de que esto tiene que ver también con la capacidad del Ministerio Público de ir generando evidencia y progresando dentro de las investigaciones. No tenemos la capacidad de ser selectivos en orden a nada porque las personas investigadas no tienen un denominador común.

En el Perú los acusan de izquierdistas porque han denunciado a Alan García y a Keiko Fujimori, pero en Brasil y Argentina acusan a sus pares de derechistas porque persiguen a Lula y a Kirchner. ¿Eso les da la certeza de que están en la línea correcta?
Nosotros tenemos los pies sobre la tierra en dos dimensiones. En principio, que la justicia es de seres humanos, es siempre perfectible; es necesaria la autocrítica. Nos hemos sometido a la majestad del Poder Judicial, que no siempre nos da la razón, y en esa medida tratamos de perseverar dentro del contexto de la legalidad.

A partir de lo que dice, de que nunca pierden la perspectiva de su condición de seres humanos, ¿cómo les golpeó el suicidio de Alan García?
Sin duda, es un hecho sumamente lamentable porque lo que nosotros hacemos es parte de la averiguación de la verdad…

¿Siquiera lo imaginaron?
No, nosotros no podíamos especular absolutamente nada. De hecho, hay dos contextos: el contexto de lo que puede haber sido una decisión propia de Alan García, incluso anterior a los procedimientos de carácter judicial, policial, fiscal, y lo que eventualmente sucedió en el desarrollo de una diligencia en la que hay una planificación profesional de la Policía Nacional porque los fiscales ni siquiera portamos un arma y delegamos el trabajo de lo que corresponde al operativo policial.

El cuestionamiento fundamental ha ido por el lado de que Jorge Barata todavía no había hablado. Ahora, a la distancia, entendemos que su declaración genera la de Miguel Atala. ¿Cómo toman esa crítica?
Infundada, porque nosotros activamos las medidas coercitivas de esta naturaleza con base en información documental que había sido previamente entregada por Odebrecht a la Fiscalía en el contexto de la colaboración eficaz.

¿Ustedes ya sabían que eso venía?
Lo que sabíamos era que existía una evidencia documental que se aproximaba dentro de lo que era un caso hipotético pero mucho más elaborado y compatible con la etapa procesal en la que nos encontrábamos. (…) Ya existían algunos antecedentes que nos obligaban a tomar precauciones respecto de lo que podían hacer los investigados en relación también a las diligencias que se iban a llevar a cabo en Brasil.

¿No se han vuelto más severos sus requerimientos por el comportamiento de los investigados? A Toledo no le pidieron prisión preventiva y se fue del país…
Creo que es un tema de percepciones. (…) Si uno hace una estadística en las fiscalías de Criminalidad Organizada respecto del uso de detenciones preliminares y prisiones preventivas, verá que los procedimientos de esa naturaleza son parte del ejercicio de legalidad que hace el Ministerio Público y que el Poder Judicial resuelve. Lo que sucede es que ahora hay mayor visibilidad por su uso con personajes de muy alto perfil social. Nosotros actuamos estrictamente bajo interpretaciones de la ley.

Pero a una persona acusada de asesinato le dan nueve meses de prisión preventiva y a esos políticos 36 meses…
Es un plazo legal que está dentro del marco de la ley, pero son siempre circunstancias de expectativa ante la complejidad de la investigación. La obligación del Ministerio Público es que esos 36 meses no se cumplan, es decir, que sirvan para que se resuelva la situación jurídica de una persona investigada; si se puede hacer antes, debe hacerse de esa forma.

Una vez tomadas las declaraciones de Jorge Barata, falta la documentación probatoria. ¿Cuándo se va a concretar la entrega?
Es muy difícil hacer una estimación cronológica porque, de hecho, la entrega de información está siendo dada de manera progresiva. (…) en casos, por ejemplo, tan complejos como el del Club de la Construcción se va incrementando la información, pero eso genera otras líneas de investigación y es un problema porque lo que focalizamos en un espacio de tiempo se tiene que expandir y la complejidad de la investigación también se abre mucho más. Entonces, tenemos que ver cómo vamos planificando para que la expectativa social sea también de una sentencia y no solo de una medida coercitiva. Nosotros somos conscientes de que las medidas coercitivas no deben ser sentencias anticipadas; por el contrario, tienen que ser razonablemente utilizadas en función de los fines de la investigación. Pero tampoco creemos que la sensibilidad del uso de este tipo de medidas excepcionales nos lleve al absurdo de no tener que requerir de ellas y permitir que casos como el de Alejandro Toledo, César Hinostroza o Félix Moreno se vuelvan a dar.

Uds. han dicho que no tienen gente, espacio ni recursos suficientes para avanzar más rápido y le han pedido al gobierno que los apoye; el presidente ha dicho que lo hará, pero no ha dado fecha. ¿Cuándo tendría que empezar a ejecutar esa promesa?
Nosotros tenemos el apoyo de la fiscal de la Nación; lo consideramos decisivo para el resultado de las investigaciones porque el involucramiento en una tarea tan compleja y ardua no podría estar desvinculado desde una unicidad que establece que el trabajo que hacemos es estrictamente profesional.

Hay mucha expectativa sobre una serie de casos, sobre todo después de las declaraciones de Jorge Barata. ¿En el caso Humala-Heredia cuándo se hará la denuncia?
He sido informado por el fiscal Germán Juárez Atoche que debe estar entregando el requerimiento correspondiente el lunes o martes. El trabajo fiscal ya concluyó, pero ahora hay que compatibilizar el correlato de lo técnico con lo administrativo, que es formar los tomos, el empaquetado y otros detalles.

¿Tienen las pruebas necesarias para procesar y sentenciar este caso?
El caso Humala-Heredia es un caso que el fiscal Juárez ha trabajado durante un tiempo razonable dadas las dificultades que ha confrontado. Él está en capacidad de presentar un caso sólido y, desde ese punto de vista, estamos sometidos a la judicialidad. (…) Podríamos presentar, en su momento, evidencia concreta y sólida de que estamos ante un caso que puede ser objeto de una sentencia condenatoria.

¿El caso de pagos indebidos de Odebrecht se va a cruzar con los pagos indebidos de la empresa OAS? ¿Se van a reunir todos los procesos?
Eso no lo puedo adelantar porque forma parte de la autonomía del fiscal Juárez, pero las colaboraciones eficaces de Odebrecht, OAS y un grupo de exejecutivos han brindado importante y valiosa información sobre muchos casos, no solo del señor Ollanta Humala, sino también sobre la señora Susana Villarán y otros más.

¿Y el caso de Pedro Pablo Kuczynski?
El caso del señor Pedro Pablo Kuczynski está avanzado, hay un hipótesis de investigación sólida.

¿Qué delito califica?
Hay un delito de lavado de activos y corrupción de funcionarios.

¿Califica lavado de activos?
Cuando hemos planteado el requerimiento de detención preliminar y de prisión preventiva, la Sala Superior determinó que hay una causa probable y sólida de investigación de un caso penal.

El hecho de que Toledo o los testaferros de Alan García hayan pedido la coima es más delictivo respecto de Keiko Fujimori u Ollanta Humala que reciben un dinero para un aporte de campaña y no sabrían que es sucio. ¿Son distintos delitos? Claramente pedir una coima es diferente…
Su lógica es válida, completamente válida, (…) eso se resuelve a través de la legalidad. Hay una figura jurídica que se llama concurso de delitos. Cuando dos delitos de gravedad convergen, puede haber un concurso real o un concurso ideal. El denominador común es que en ambos casos la pena se aumenta porque hay dos delitos que van a converger en una misma resolución criminal o por separado.

O sea, los dos cometieron delito, pero uno es más grave que el otro…
Desde el punto de vista de la individualización de la pena, sí lo será, porque hay la figura del concurso…

¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que las penas se pueden sumar ahora. Antes no se permitía, pero hubo una reforma procesal penal y ahora, hasta un límite máximo, es posible sumar las penas. En el caso de los financiamientos de campaña, la tesis del Ministerio Público y la tarea y el reto profesional que encarna cada Fiscalía, es que, dentro del delito de lavado de activos, la persona sepa o presuma el origen delictivo de los bienes o recursos. Entonces, nosotros debemos estar en condiciones de poder probar eso.

¿Qué agrava la condición o la situación de estos acusados o investigados, como es el caso de Keiko Fujimori, el caso de Humala, el caso de Susana Villarán? Aunque parece que el caso de Susana Villarán es diferente porque ella era autoridad.
Allí hay una serie de peculiaridades que, efectivamente, son diferentes.

Pero, ¿qué agrava? ¿El hecho de que no hayan bancarizado y no hayan declarado el dinero?
No. Las condiciones de cómo se construye un caso tienen que ver siempre con la prueba indiciaria. Quienes reclaman un video como existía en la época del señor (Vladimiro) Montesinos están equivocados desde el punto de vista de cómo se construye una sentencia penal ahora. La condena por indicios es legal, constitucional, regular y está amparada incluso por el Tribunal Constitucional; es una técnica para llegar a la averiguación de la verdad. (…) Cuando tenemos que demostrar ya un nivel de juzgamiento más allá de cualquier duda razonable, tenemos que tener la certeza de que, en el caso de lavado de activos, hay el conocimiento o la presunción, y eso nos lleva a las pruebas indiciarias que son condiciones de exorbitancia, de clandestinidad, de elusión tributaria o apartamiento de las condiciones de bancarización. Un ciudadano promedio no lleva, pues, medio millón de dólares en una valija y si lo hace, es porque evidentemente hay una necesidad de eludir los controles del sistema de prevención antilavado. (…) Sucedió, por ejemplo, en el caso del señor Nava hijo; se le congelaron sus cuentas porque intentó transferirlas al extranjero…

¿Cómo llegaron a un acuerdo con el hijo de Luis Nava Guibert?
Yo no puedo hacer ningún comentario, sino lo que estrictamente es de carácter procesal, porque se sabe a partir del sistema de audiencias orales...

Ha sido importante lo que se ha descubierto. Lo que han aportado el hijo de Luis Nava y Miguel Atala, eso ha tenido mucho que ver con un trabajo muy eficaz de la Fiscalía. ¿Cómo se hizo? Porque el congresista Jorge del Castillo, por ejemplo, ha dicho: ‘Han salvado el pellejo apoyándose en un muerto’.
Reitero y parece repetitivo. Nosotros actuamos siempre dentro del marco de la ley. Las personas que deciden someterse a cualquier mecanismo de auxilio de la Fiscalía en la averiguación de la verdad siempre lo hacen en forma voluntaria y asesoradas por un abogado. En el caso del señor Nava hijo, yo lo único que puedo comentar, porque no puedo hacer ningún otro comentario más allá del que estoy detallando, es que ha confesado su delito, lo que es diferente a acogerse a cualquier mecanismo alternativo de colaboración con la justicia.

O sea que no es un colaborador...
Lo que estoy diciendo es lo que ya existe de manera pública y es que el señor Luis Nava Mendiola ha admitido su responsabilidad en haber llevado el dinero para su padre. Eso está sentado en un acta con su abogado defensor y en presencia del fiscal, cumpliendo todas las garantías. Si el señor Nava es o no es un colaborador eficaz, es algo que no puedo comentar porque está dentro de un procedimiento reservado porque la ley así lo determina. Como Fiscalía, entendemos que el mecanismo de la colaboración eficaz resulta un medio muy funcional y eficiente, (…) cada hecho debe ser corroborado y esas corroboraciones, tanto desde el punto de vista de una confesión como desde el punto de vista de lo que podría ser una eventual colaboración eficaz, están sometidas a la legalidad de un juez. Entonces, los jueces son los que tienen la última palabra respecto al trabajo que nosotros hacemos.

¿Y en el caso de Atala?
También ha admitido su responsabilidad penal de manera formal y dentro de la propia investigación; no es un hecho reservado. Si algún abogado quiere acceder a la carpeta, encontrará la declaración de Nava Mendiola y de Atala; las encontrarán de la misma manera que otras. Hay que diferenciar esto con lo que son los mecanismos de colaboración eficaz que son absolutamente reservados y sobre los cuales yo no tengo ningún comentario que hacer.

Los dos decidieron confesar en el marco de los interrogatorios. ¿El señor Luis Nava padre ha mostrado alguna disposición a colaborar?
Él está sometido a la investigación, está asesorado por abogados. Nosotros trabajamos sobre la base de decisiones voluntarias de los investigados. No obligamos a nadie a que pueda acogerse a un mecanismo de colaboración eficaz porque sería, además, inidóneo, no solo desde el punto de vista de la ética profesional, sino también porque sus dichos no podrían ser corroborados. Entonces, si no son corroborables, la Fiscalía no tendría cómo hacer uso de ellos.

A Alan García ya no lo pueden procesar porque tomó la decisión de suicidarse, pero si el dinero con el que ha comprado bienes es de origen ilícito, ¿esos bienes se decomisan?
Desde el punto de vista formal, contra Alan García hay una extinción de la acción penal por muerte, lo que implica que no va a recibir una sanción penal porque sería absurdo. Los hechos como tales no podemos abdicar de investigarlos porque forman parte de una investigación en la que se han imputado cargos de pertenencia a una organización criminal, dentro de los cuales esos hechos como tales son de necesaria investigación. (...) Entonces, es verdad que en algunos aspectos es inevitable el tener que nombrar al señor García porque es parte de la imputación que se realiza contra otras personas que sobreviven y que tienen derecho también a defenderse.

El destino final del dinero, según Atala…
Yo no quisiera generar tampoco una opinión de esto porque no corresponde hacer un juicio de valor sobre este tema en particular, pero, sin duda alguna, los fiscales trabajamos sobre la base de la evidencia. Si en algún momento algún miembro del equipo especial estima que lo que usted dice es planteable dentro de un esquema de legalidad, entonces ahí la herramienta, muy útil también, de una novísima ley promulgada por este Parlamento sobre extinción de dominio, podría operar en esa lógica. Esa es una cuestión hipotética de la cual yo no quiero pronunciarme en mayor sentido porque se trataría que, desde el punto de vista de lo que surja, algún fiscal pueda analizarlo autónomamente y decidir al respecto. Pero la ley de extinción de dominio permite sí operar en una lógica próxima a la que usted planteó en la pregunta.

¿Por qué Susana Villarán no ha enfrentado todavía a la justicia como sí lo han hecho otros?
Hay razones evidentes. Una es que ella ya tiene una medida coercitiva que fue decidida por la gestión del equipo especial anterior que consideró que era suficiente la comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país…

¿Van a pedir ustedes detención preliminar?
Yo no podría comentar nada porque no me corresponde; eso es un trabajo autónomo del doctor Carlos Puma con el fiscal Juárez Atoche. Es una decisión que se tendrá que tomar en su momento estratégicamente y en orden a la exigibilidad de una necesidad de aseguramiento por parte de los fiscales.

¿Han recibido amenazas los miembros del equipo especial Lava Jato?
Bueno, en redes sociales, como usted comprenderá, se dicen muchas cosas (…) y eso justifica que nuestra privacidad, incluso desde el punto de vista personal, se vea obligatoriamente subordinada más bien a un operativo de carácter policial, y eso no obedece a un pedido nuestro, sino de la fiscal de la Nación que estaba preocupada por nuestra integridad.

Ficha:
- Soy abogado. Siempre me gustó el tema penal, pero he trabajado también en asuntos civiles y comerciales. En 2002 ingresé a la judicatura como juez de primera instancia y me convertí en el juez más joven de todo el Perú.

- Fui juez anticorrupción y coordinador de la implementación del Código Procesal Penal en Lima. En 2013 ingresé al Ministerio Público como fiscal anticorrupción.

- Actualmente soy jefe del equipo especial para el caso Lava Jato y coordinador de las Fiscalías de Lavado de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio.