Pedro Castillo se trasladó a Cajamarca tras la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Presidencia)
Pedro Castillo se trasladó a Cajamarca tras la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Presidencia)

se encuentra inmerso de un proceso que podría concluir, si se logran los votos necesarios, con su salida del cargo de presidente de la República, luego de que se aprobara en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un informe que recomienda acusarlo por antejuicio político por el presunto delito de traición a la patria e infracción de la Carta Magna e inhabilitarlo para el ejercicio de la función público por un periodo de cinco años.

Informe por traición a la patria

El viernes 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por 11 votos a favor y 10 en contra, el informe que elaboró Wilson Soto (Acción Popular) y que expuso Diego Bazán (Avanza País) sobre la denuncia por presunta traición a la patria contra Pedro Castillo.

El documento propone inhabilitar al jefe de Estado por cinco años para el ejercicio de la función pública y, en segundo lugar, permitir su procesamiento en el Ministerio Público.

Comisión Permanente evaluará el caso

Cumplido este trámite, el subgrupo de trabajo que preside Lady Camones enviará el informe final contra Pedro Castillo a la Comisión Permanente.

Ahí, se someterá nuevamente a debate y votación todos los aspectos que plantea el documento, tanto la inhabilitación planteada por el juicio político, como la posibilidad de que sea procesado por la Fiscalía como parte del antejuicio que le corresponde a todo alto funcionario.

En esta etapa, el presidente Pedro Castillo podrá ser convocado nuevamente para, a través de su defensa legal, plantear sus motivos para desestimar el procedimiento en su contra.

Tras el debate, la Comisión Permanente deberá aprobar, modificar o archivar la denuncia constitucional por mayoría simple. Si es aprobada deberá ser agendada para su evaluación en el Pleno del Congreso.

Última instancia

El Pleno del Congreso será el encargado de evaluar en última instancia la denuncia constitucional por traición a la patria contra Pedro Castillo si esta es aprobada por la Comisión Permanente.

Tal y como está planteado actualmente el informe final aprobado por la subcomisión, se plantean dos acciones concretas contra el jefe de Estado: su inhabilitación para ejercer la función pública por cinco años en primer lugar, y su procesamiento por el delito de traición a la patria en segundo.

Para aprobar la inhabilitación, el Reglamento del Congreso establece que el juicio político requiere ser aprobado con el voto favorable de dos tercios del número de miembros del pleno sin la participación de la Comisión Permanente.

Esto significa que, del total de 130 congresistas no pueden votar los integrantes de la Comisión Permanente (titulares o suplentes que los reemplazaron). Adicionalmente, se debe restar al legislador Freddy Díaz, quien se encuentra suspendido. Los 96 legisladores restantes serán los únicos que podrán votar.

Siguiendo este cálculo, el voto a favor de 64 congresistas equivale a los dos tercios que exige la norma parlamentaria para inhabilitar a Pedro Castillo.

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Menos votos para la suspensión

El informe por el caso de traición a la patria contra Pedro Castillo puede llevar a que el presidente sea suspendido del cargo. Para ello se debe aprobar la acusación como parte del antejuicio político con una votación favorable de la mitad más uno del número de los miembros del Congreso sin la Comisión Permanente.

En este punto cabe recordar que, de acuerdo a cálculos preliminares, hay 96 congresistas hábiles (sin contar a los 33 integrantes de la Permanente) para votar en el Pleno por lo que la mitad más uno equivaldría a 49 votos

Paso siguiente, se podrá someter a votación la suspensión del jefe de Estado mientras dure el proceso penal, tal y como ocurrió con los parlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez en el 2018. Para aprobar ello, se requiere el mismo número de votos sin contar a los representantes de la Comisión Permanente, es decir, 49 parlamentarios.

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