Corrupción e incapacidad frenaron cientos de obras de desarrollo en el país

POR ALEJANDRA GARCÍA Y NATALIA LIZAMA

En el primer año del Gobierno de Pedro Castillo, la ejecución de obras ha estado marcada por una alta rotación de funcionarios en ministerios clave, como el de Transportes y Comunicaciones (MTC); Energía y Minas; Desarrollo Agrario y Riego, entre otros. La racha de nombramientos cuestionados, las licitaciones irregulares y la corrupción generaron la paralización de más de 1,770 obras de infraestructura que representan una inversión de más de S/12 mil millones, según el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.

En este escenario, el MEF deberá presentar la actualización del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) para el periodo 2022-2025. Actualmente, el PNIC tiene 52 proyectos con una ejecución de US$6,634 millones, lo que representa un avance de solo el 19.5% hasta junio.

La ruta de escándalos

En cuanto a escándalos, el MTC brilló “con luz propia”. Con Juan Silva como titular –29/07/2021-28/02/2022– se produjo más de una licitación irregular, vinculada principalmente a consorcios conformados por INIP-Ingeniería Integración de Proyectos SAC, de los hermanos Aguilar Quispe, y empresarios Chinos que solían visitar la sede del citado portafolio en secreto.

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Provías Nacional y Provías Descentralizado –encargados de la ejecución de obras a nivel nacional y regional, respectivamente– cayeron en el avance de ejecución debido a ello. Según el portal de consulta amigable del MEF, al 17 de julio, Provías Descentralizado solo había desembolsado el 14% del monto otorgado para este año. La ejecución de proyectos de inversión, para los que tienen un Presupuesto Institucional Modificado, es de un poco más de S/1,200 millones, pero solo registra un avance de. 10.8% hasta esa fecha.

Uno de los escándalos más sonados en torno a Provías es el caso Puente Tarata, que alcanza incluso a los sobrinos de Castillo, uno de ellos prófugo de la justicia. Siguiendo una cronología, el pasado 31 de marzo, Alcides Villafuerte Vizcarra, exgerente de Obras de Provías Descentralizado, se entregó a la Policía judicial del Cusco.

Según las investigaciones, Villafuerte es un presunto cómplice primario de colusión agravada. También se le atribuye el delito de organización criminal, la cual estaría encabezada por el mandatario, según declaración de Karelim López a la Fiscalía.

Entre otras irregularidades, este año la Contraloría General detectó un perjuicio económico por más de S/2 millones en obras del colegio Mariscal Castilla en la ciudad de Huancayo, en Junín. Asimismo, el organismo de control identificó una serie de anormalidades en la elaboración y ejecución del contrato de concesión del Tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, con un perjuicio económico de US$36.8 millones.

Debido a aquellas empresas beneficiadas por esta gestión, la Contraloría halló “desgaste y deterioro” en el servicio de conservación del corredor vial Ilo-Tacna-Tripartito y Óvalo Tripartito-Collpa, adjudicado por S/65 millones al cuestionado consorcio formado por la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú e INIP-Ingeniería Integración de Proyectos SAC.

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Los destapes, sin embargo, no solo se dieron en licitaciones públicas. Un hecho que marcó espasmos de corrupción en el Ministerio de Agricultura y Riego (Midragri) fue la influencia del dueño de la Clínica La Luz, Fermín Silva, un empresario chotano “amigo” del Gobierno de Castillo. Perú21 reveló el 10 de mayo de este año que su cuñado, Oswaldo Rojas, fue contratado en el Midagri y que Yober Sánchez, su sobrino y hombre de confianza, tendría poder de decisión en el Gobierno.

Por un lado, Rojas escaló en varias posiciones dentro del Midagri. Primero como asesor en agosto de 2021, con un sueldo de S/5,200, y ese mismo mes fue promovido a director general de Políticas Agrarias por S/15,600 hasta noviembre, cuando se advirtió que no cumplía con el perfil técnico.

No obstante, no dejó el Midagri. En diciembre de ese año fue nombrado asistente del viceministro Juan Altamarino, otro chotano cercano a Castillo. El objetivo de acaparar el Midagri con personas “de confianza” habría sido manejar el presupuesto del sector, tal y como lo hicieron en el MTC, de forma irregular.

Yober Sánchez, en tanto, se reunió con altos funcionarios de Agricultura y Transportes. Curiosamente, los empresarios con los que participó en citas ganaron órdenes de servicio tiempo después.

El círculo no se cierra ahí, pues la Clínica La Luz registró varios contratos en la gestión de Castillo. El 16 de abril, la Sunafil –institución adscrita al MTPE– compró a la Clínica La Luz Tacna pruebas antígenas para detectar el COVID-19 a S/6,050. El 1 del mismo mes, la empresa vendió pruebas rápidas para el COVID al OEFA –adscrito al Ministerio del Ambiente– por S/2,817.

A nivel de desarrollo de infraestructura, el Midagri debía impulsar 16 proyectos de riego emblemáticos, entre ellos Chavimochic III (La Libertad), Chinecas (Áncash) y Majes Siguas II (Arequipa). A la fecha, no hay mayor avance de estos proyectos.

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En el caso de Majes, el 12 de julio de este año, el Gobierno Regional de Arequipa y la concesionaria Angostura Siguas S.A. firmaron la adenda al contrato de concesión a fin de destrabar el proyecto de irrigación luego de cuatro años. No obstante, aún no se anuncia el reinicio de obras.

Para el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Alberto Zapata, la estabilidad de funcionarios es fundamental para poder avanzar las obras pendientes.

“No hay forma de trazar una buena política pública y ejecutar los presupuestos de forma adecuada si es que hay tanta rotación de personal y destapes de corrupción por ser personal no calificado. Ese es un gran problema que se ha acentuado muchísimo en este Gobierno, que tiene todos los récords de rotación”, sostuvo.

“Se requiere de una mirada territorial”

Análisis por Leonie Roca - Abogada y presidenta de AFIN

Los porcentajes de avance de este año son frente a presupuestos que no suponen cerrar las brechas al 100% sino a avanzar discretamente en el cierre. Si tu presupuesto asignado fue un 20% y de esa cifra apenas avanzaste un 10%, entonces la situación es grave.

Si miramos el sector Transporte solo a nivel de red vial, todavía nos falta pavimentar el 17% de la red vial nacional. Si bajamos a nivel departamental, falta pavimentar el 85% y a nivel vecinal, el 98%. Estos niveles de ejecución tan pobres tienen que ver con una mala ley de contrataciones, con que las asociaciones público-privadas se han pasmado, con la corrupción en ministerios y con el exceso de rotación en cargos clave.

Las autoridades deben entender que estos temas no son ideológicos, no tienen que ver con ayudar a la gente de un partido o caerle bien a otros, tiene que ver con millones de peruanos que no tienen acceso a servicios y que merecen tener funcionarios públicos capacitados, entrenados, con conocimientos de las leyes y los procesos, gente honesta y honrada que permita avanzar agresivamente en el cierre de estas brechas que son tan grandes. Se requiere de una mirada territorial que coordine al Gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales.

Tenga en cuenta

• Respecto al acceso a servicios públicos, Leonie Roca indicó que aproximadamente 3.5 millones de peruanos no tienen acceso a electricidad en sus casas, mientras 3 millones no tienen conexión a Internet.
• Agregó que el 62% de peruanos consume agua sin potabilizar en sus casas; el 97% de los hospitales nacionales tiene capacidad instalada inadecuada y hace falta implementar 1,751 centros de atención primaria y 156 hospitales nacionales.

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