Fujimoristas muestran dos caras ante insinuación de golpe de Alan García

Las especulaciones del ex presidente Alan García y los rumores que estuvieron circulando sobre la posibilidad de que el Gobierno pretenda dar un golpe de Estado generaron múltiples reacciones de rechazo desde varios sectores. Pero en el fujimorismo, sus voceros mostraron un doble discurso sobre el tema.

El portavoz titular de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, fue enfático en deplorar este tipo de insinuaciones al señalar que es un acto “imprudente” y que forma parte de la “chismografía”.

“Creo que es imprudente decir eso porque, para declarar algo de esa categoría, hay que tener sustento (...) Salen rumores de un golpe de Estado, que los cambios en las Fuerzas Armadas llevan a un golpe. Creo que tenemos que dejar de lado toda esta chismografía”, afirmó en Canal N.
Similar temperamento expresó Úrsula Letona. “Estas especulaciones no le hacen bien al país y, por lo tanto, nosotros estamos confiados en que se respetará el orden democrático y que seguiremos trabajando en búsqueda de la unidad”.

Sin embargo, la vocera alterna del bloque naranja Tamar Arimborgo expuso otro parecer al comparar al presidente de la República, Martín Vizcarra, con el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Para ello utilizó su cuenta de Twitter, en la que citó las declaraciones del mandatario: “A Maduro le preguntaron por su forma de gobierno y él respondió que era ‘respetuoso de la Constitución y la división de poderes’”.
Precisamente, minutos antes, el jefe de Estado había replicado, vía Twitter, su rechazo a las insinuaciones de García. Sostuvo que el Gobierno respeta la Constitución y que ello no implicaba abdicar en la lucha contra la corrupción ni permitir amenazas.

“Que quede bien claro: Somos absolutamente respetuosos de la Constitución y la división de poderes. Debemos trabajar juntos en la lucha frontal contra la corrupción. En democracia, sin amenazas, ni blindajes. Pongamos #ElPerúPrimero”, manifestó en la misma red social.

GOBIERNO ZANJA TEMA

En esa línea, el Ejecutivo zanjó la posibilidad de que se produzca una alteración del orden democrático. El premier César Villanueva dijo a Perú21 que ello “es lo más alejado de la verdad”. “No está en nuestros planes realizar eso ni estamos detrás de las decisiones de otras entidades”, afirmó. Es conocido el pedido del Ejecutivo para que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se aparte del cargo por su vínculo con la presunta red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El rechazo también vino del ministro de Defensa, José Huerta, quien calificó de “irresponsables” las expresiones de Alan García y sostuvo que la democracia “es la mejor forma de gobierno”.

“Quisiera desvirtuar cualquier noticia que esté relacionada a comprometer a las FF.AA. en cualquier actividad que no sea la establecida en la propia Constitución”, declaró.

Por su parte, el congresista oficialista Juan Sheput refirió que Alan García y el fujimorismo “están vendiendo la idea de que el presidente Vizcarra manipula el Ministerio Público y no es así. El señor Chávarry obedece a dictados de Fuerza Popular (FP) o el Apra porque ellos son los que lo blindan”.

A su turno, Gloria Montenegro, congresista de Alianza para Progreso, señaló a este diario que “Alan García es experto en psicosociales”. “¿Él va a hablar de infiltración en la justicia cuando sacó a 5 mil narcotraficantes de la cárcel y cambió sentencias? Si hubiera justicia de manera oportuna, ese señor ya tendría buen tiempo en la cárcel”, subrayó.

TENGA EN CUENTA

- La última vez que ocurrió un golpe de Estado en el Perú fue el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso.

- García se valió de aquel golpe, que eliminó las dos cámaras del Parlamento, para sortear una acusación constitucional que tenía en esa instancia. Alegó ser un perseguido político y consiguió asilo como tal.

- El ex presidente afronta una investigación preliminar adecuada a la Ley contra el Crimen Organizado como líder de una presunta red criminal a cargo de lavado de activos en delitos contra la administración pública.