Carlos García fue detenido durante un allanamiento a su vivienda, a mediados de enero. (Poder Judicial)
Carlos García fue detenido durante un allanamiento a su vivienda, a mediados de enero. (Poder Judicial)

Redacción PERÚ21

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El Ministerio Público informó hoy que formalizó la investigación preparatoria en el caso y, como primera medida, solicitó al Poder Judicial la prisión preventiva por 18 meses de seis personas involucradas en la presunta concertación de empresas para ganar la buena pro de obras públicas de Provías.

A través de Twitter, la Fiscalía informó que pidió la medida coercitiva contra Carlos García (ex funcionario público), Rodolfo Prialé (representante del club), Elard Tejeda (Obrainsa), Félix Málaga (Málaga), Humberto Prevoo (socio de Prialé) y Guillermo Reynoso (socio de Prialé). Se les imputa los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal.

La jueza María de los Ángeles Álvarez, del Sistema Anticorrupción, evaluará el requerimiento este miércoles en una audiencia que iniciará a las 8:00 am.

Hace unos días, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la detención preliminar de García Alcázar, ex asesor del Viceministerio de Transportes, y Málaga Torres. Solo el primero fue capturado, el segundo estaba no habido.

De acuerdo a la investigación fiscal, los implicados formaron parte de un "club" de empresas del rubro construcción que pactaban entre ellos la repartición de obras que ofrecía Provías. Esta presunta organización delictiva habría operado entre el 2011 y 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Un colaborador eficaz identificó a Rodolfo Prialé de la Peña como el "lobista" y representante del denominado Club de la Construcción. Prialé de la Peña es quien, según la indagación, entregaba a Carlos García la relación de compañías que participarían de una licitación.

García, a su vez, se encargaba de "operativizar" dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el otorgamiento de la buena pro de la constructora que había sido previamente elegida por el propio "club" para que se adjudique el proyecto. El ex servidor público, según la Fiscalía, cobrar a la empresa ganadora el 2.92% del valor total de la obra.

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