fernando olivera
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El ha incluido como investigado a en sus pesquisas de la concesión de la carretera durante el gobierno de , de quien fue socio político en ese periodo. Ayer, Olivera acudió por primera vez a declarar al despacho del fiscal José Domingo Pérez, pues se sospecha de la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. 

Su vínculo con el proyecto por el cual le pagó US$31 millones en coimas a Alejandro Toledo se remonta a 2005, cuando se firmó el contrato con la constructora brasileña y sus socios. 

En julio de ese año, Olivera se desempeñaba como embajador en España y, según documentos fiscales a los que Perú21 accedió, Toledo lo llamó por teléfono para que viniera a Lima y participara en la elección del presidente del Consejo de Ministros el 25 de julio. Ahí resultó designado

Según fuentes de este diario, el entonces presidente le habría ordenado a Olivera que llamara al contralor de ese momento, Genaro Matute Mejía, para conversar sobre las observaciones que el órgano de control había hecho. Así, Olivera supo que habían hallado una sobrevaloración de 100% en el precio de la obra. 

Toledo, al enterarse, pidió una opinión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a cargo de José Ortiz, quien respondió que la valoración de la carretera estaba dentro de los precios del mercado. 

REUNIÓN DE ABSOLUCIÓN

Según reconoció el propio Olivera en una conferencia de prensa, el 13 de agosto de 2005, él intervino en el levantamiento de las observaciones del órgano de control. 

“Fuimos a la Contraloría a las cinco de la tarde y terminamos a las dos de la mañana, trabajando, explicándole a los técnicos de la Contraloría con documentos, con pruebas (...). Si no se levantaba la acusación de que había una sobrevaloración del 100% en la carretera Interoceánica, ese contrato no se iba a firmar”, admitió en aquel entonces. 

Dicha reunión fue el 27 de julio de 2005 y, según un oficio del Ministerio Público, estuvieron Olivera, José Ortiz, René Cornejo, director de Proinversión, y peritos de la Contraloría y Provías. Según una fuente que trabajó en la Contraloría en 2005, Cornejo respaldó al Ejecutivo, asegurando que la obra no estaba sobrevalorada. 

La misma fuente indicó que el contralor Matute se retiró de la reunión y, después de algunas horas, volvió y concluyó rápidamente que el costo del proyecto estaba dentro de los parámetros razonables. 

ADVERTENCIAS IGNORADAS

El ex contralor aseguró, en una entrevista pasada, que la Contraloría conserva los cargos de recepción que prueban que esa institución notificó al MTC, a Proinversión, al Congreso y al Ministerio Público sobre las irregularidades. 

La Contraloría señaló que la obra no había pasado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); es decir, estaban entregando la buena pro de la carretera prácticamente a ciegas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el SNIP certifica la calidad de los proyectos de inversión pública para garantizar el uso eficiente de los recursos de inversión. 

Además, se detectó que las empresas adjudicatarias tenían procesos judiciales pendientes con el Estado, lo cual les impedía ser las ganadoras de la buena pro. Toledo decidió pasarlo por alto y procedió con la suscripción del contrato. 

“El 4 de agosto, antes de firmar el contrato, a las 10:00 de la mañana, el contralor mandó otro oficio diciendo que no se podía porque los contratistas tenían juicios abiertos con el Estado. Y de nuevo, ¿quién estaba allí para contribuir a resolver el problema? ¿Quién? Con toda modestia: Fernando Olivera”, remarcó en 2005 el entonces embajador. 

Olivera sostuvo ayer que la pesquisa de la fiscalía se basa en hechos falsos: “Esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza y, oportunamente, tomaré las medidas legales correspondientes”.

TENGA EN CUENTA

- Si bien la diligencia fue en el despacho de José Domingo Pérez, fue una fiscal adjunta quien tomó la declaración del investigado Fernando Olivera. 

- “Esta denuncia fue presentada por un personaje vinculado a la corrupción, dirigente del Partido Aprista, pero es el precio que hay que pagar por enfrentar al sistema de corrupción. Está bien que la Fiscalía lo esclarezca”, afirmó Olivera.