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El procurador ad hoc Jorge Ramírez logró que el Poder Judicial ordene el embargo y dicte medidas de inhibición a 32 bienes que pertenecen Claudia Hokama y Edgar Ramírez Cadenillas, acusados de colusión agravada por el caso Gasoducto.
Del total de propiedades, 31 son de la exrepresentante legal de Odebrecht. Figuran estacionamientos, oficinas, departamentos, depósitos y terrenos, según se muestra en la documentación a la que accedió Perú21.
Al exfuncionario de Proinversión, en tanto, le congelaron su casa valorizada en S/3 millones. El valor de los inmuebles de Hokama y Ramírez Cadenillas suma S/19’820,188.
Con esta medida, la Procuraduría pretende garantizar el eventual cobro de una reparación civil.
De acuerdo con el fiscal Reynaldo Abia, Hokama y Ramírez acordaron favorecer a la compañía con la licitación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
Proinversión “descalificó irregularmente” al consorcio con el que competía Odebrecht en ese momento, señaló Abia. El proyecto demandaría una inversión de US$7,300 millones, pero actualmente se encuentra paralizado.
El juez Manuel Chuyo debe decidir en los próximos días si el caso pasará a juicio oral, luego de haber culminado con la etapa de control de acusación. Las partes están a la espera de su decisión final.
Es necesario precisar que el caso Gasoducto a cargo del fiscal Abia es distinto al que maneja el equipo especial Lava Jato.
La fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, investiga a la ex primera dama Nadine Heredia y otros ex altos funcionarios por presuntamente beneficiar a la compañía. Mori incautó el celular de Heredia en julio pasado.
