La Contraloría General de la República inició acciones de fiscalización contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte y su cuñado, Alfredo Pezo Paredes. Este último tendría una contratación con el Estado por S/8,000, sin embargo, ninguno de los dos consideró en su Declaración Jurada su vínculo de parentesco.
Tras la denuncia formulada por la extitular de la OSCE, Mónica Yaya, quien presentó ante el Congreso una acusación constitucional contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el órgano de control tomó cartas en el asunto.
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A través de su cuenta de Twitter, informó que se verificará la veracidad de los datos consignados por Boluarte y Pezo en sus declaraciones juradas, a fin de determinar presuntos conflictos de intereses, en el marco de la Ley 31227.
La normativa indica que transfiere a la CGR la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, señala que en el formato de la declaración jurada de intereses se debe precisar la relación de personas que integran el grupo familiar (padres, suegros, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos), incluyendo sus actividades y ocupaciones actuales.
Solo los datos sobre los hijos menores de edad son “protegidos y excluidos para efectos de la publicación”.