Todo lo que debes saber sobre los 18 meses de prisión preventiva para Susana Villarán

La de ayer fue apenas una audiencia de pedido de prisión preventiva para Susana Villarán. Hoy ya está presa por corrupción, pero, con las evidencias expuestas por la fiscal Ángela Zuloaga, del equipo especial Lava Jato, quedó claro que la exalcaldesa de Lima está cada vez más cerca de una sentencia condenatoria.

Eso fue más evidente cuando el abogado de la exfuncionaria, Iván Paredes, no replicó ninguno de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público aduciendo que la exburgomaestre “ya confesó” su responsabilidad.

El último fin de semana, Villarán admitió públicamente que sabía del millonario aporte realizado por Odebrecht y OAS a la campaña para evitar su revocatoria en 2013.

Paredes intentó solo dar razones para que no se le dicte prisión preventiva a su patrocinada, aduciendo que ella no ha intentado huir del país y que asistió a todas las citaciones del Ministerio Público.

La estrategia no le sirvió de nada. Zuloaga presentó incluso nuevos elementos que demostraban que la exautoridad edil –que sin tapujos y sin vergüenza alguna volvió a mencionar que pediría nuevamente el dinero ilícito de las empresas para salvarse de una revocatoria– podía poner en riesgo la investigación si permanecía en libertad.

LAS EVIDENCIAS

La fiscal Zuloaga explicó claramente que Villarán supo en todo momento no solo de los abonos entregados por Odebrecht (US$3 millones)
y OAS (US$3 millones) para la campaña del No, sino también de los aportes de la segunda constructora a las actividades proselitistas para su intento de reelección en el año 2014 (US$4 millones).

De acuerdo a la hipótesis, la exalcaldesa no actuaba sola, ya que las decisiones que tomaba las acordaba antes con su entonces gerente municipal, José Miguel Castro Gutiérrez, hijo del ex diputado de Izquierda Julio Castro Gómez.

“Villarán habría estructurado toda una organización para quedarse en el poder con Castro Gutiérrez”, remarcó Zuloaga. “Villarán mintió” fue una de las frases que más repitió en la audiencia. En ese sentido, detalló que el dinero aportado por las firmas para la primera campaña “no fue gratuito”. A cambio, Odebrecht ganó la concesión de Vías Nuevas de Lima, mientras que OAS consiguió que se firme una adenda que le extendió de 30 a 40 años la adjudicación de la ruta Línea Amarilla (ver infografía).

Reveló que en ninguno de esos contratos se pidió previamente la opinión favorable del Ministerio de Economía, requisito indispensable para aprobar proyectos de tal envergadura.

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y otros funcionarios de OAS señalaron a Castro como el negociador de los aportes de campañas.

Incluso, el colaborador 101-2019 sostuvo que Castro Gutiérrez le comunicó a OAS que debía donar US$3 millones para el financiamiento.

“Susana Villarán fue orquestando un entramado nombrando a funcionarios a su antojo, como José Miguel Castro y Domingo Arzubialde, hizo todo eso sabiendo que se le venía la revocatoria”, sustentó Zuloaga.

Advirtió, además, que existió un desbalance entre los ingresos y egresos declarados ante la ONPE. “Los gastos en publicidad a medios de comunicación fueron de S/5’460,246. Eso no se corresponde con los S/1’393,000 que declararon”, adujo.

Respecto a la campaña de reelección, Zuloaga sostuvo que, así como sucedió para la revocatoria, Villarán usó a aportantes fantasmas para ocultar el dinero ilegal entregado por OAS en 2014. Más de 20 personas que figuraban como abonantes negaron haber desembolsado algún dinero.

Como se indicó, OAS dio US$4 millones para esos comicios. Según el mismo delator, fue otra vez Castro el que se encargó de exigir el dinero. “Por el tamaño del proyecto (que tenía OAS), es lo que te toca pagar”, dijo Castro a un representante de la compañía, de acuerdo a lo relatado por el colaborador.

SE QUEDARON CON EL DINERO

El Ministerio Público evidenció también que Castro y Villarán se habrían quedado con parte de los US$4 millones entregados por OAS. Llegó a esa conclusión debido a que lo declarado por la campaña de 2014 ante la ONPE no cuadra con lo realmente gastado. Según los registros oficiales, los ingresos por aportes son de S/1’336,600, pero los gastos por publicidad ascendieron a S/3’851,513. La diferencia habría ido a parar a los bolsillos de los procesados.

Debido a que Villarán reconoció que acordó con Castro guardar silencio sobre la verdad de los hechos, el juez Jorge Chávez Tamariz calificó ello como una obstrucción y le dictó 18 meses de prisión preventiva. Villarán mintió a los fiscales y solo se confesó cuando las pruebas en su contra eran contundentes. Se comportó como la mafia contra la que ella aseguraba luchar.