Congreso suspendió debate de informe contra la JNJ, pero tensión permanece

El Congreso de la República reprogramó la sesión del Pleno del día de ayer en la que se debatiría y, eventualmente, votaría el informe final que recomendaba la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por la supuesta comisión de “falta grave”.

Dicho informe fue aprobado por la Comisión de Justicia el pasado 18 de octubre, con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

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EL INFORME

El documento emitido por la comisión señala que los integrantes de la JNJ habrían incurrido en falta grave por cuatro razones. En primer lugar, por haber emitido un comunicado en respaldo de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando esta se encontraba siendo sometida a un juicio político por el Parlamento.

En segundo lugar, por la supuesta presión que habrían ejercido en los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncien en respaldo de Ávalos.

En tercer lugar, por haber interpretado indebidamente el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución sobre la edad para ser miembro de la JNJ, respecto al caso de la magistrada Inés Tello, que ya sobrepasó los 75 años.

Finalmente, se les acusa por haber incumplido un deber que la Constitución y la propia Ley Orgánica de la JNJ les impone: presentar informes anuales sobre el ejercicio de su labor ante el Pleno del Congreso.

GUERRA LEGAL

Tras darse a conocer el contenido del informe, los magistrados de la JNJ presentaron una demanda de amparo contra el Congreso, que fue admitida a trámite el pasado 24 de octubre por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Este martes, a pedido de los demandantes, dicha Sala emitió una resolución a través de la cual otorgó una medida cautelar a la JNJ y ordenó la suspensión provisional de “todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República les formulara”.

En ese sentido, por la mañana de ayer los magistrados de la JNJ remitieron una carta al presidente del Congreso, Alejandro Soto, informándole que no acudirían a la sesión del Pleno, alegando que se encuentran “impedidos legalmente” de hacerlo, en razón de la mencionada resolución judicial.

La respuesta no se hizo esperar y, también por la mañana, la congresista Patricia Chirinos presentó ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una denuncia penal contra los magistrados de la Sala, acusándolos de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, “por haber ejercido de manera arbitraria la función de la administración de justicia, menoscabando las competencias que la Constitución le reconoce al Parlamento”.

Chirinos sustentó su denuncia en la sentencia 74/23 del Tribunal Constitucional (TC), a través de la cual esta institución reconoció que el Congreso cuenta con “competencias exclusivas y excluyentes” e indicó que el Poder Judicial “no puede subrogar inconstitucionalmente” dichas competencias “ni impedir u obstaculizar su ejercicio”.

Horas después de que la parlamentaria presentara la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los tres jueces de dicha Sala: Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich. La investigación será conducida por el fiscal Miguel Vegas.

Adicionalmente, Chirinos remitió un oficio a Soto para que, en su calidad de presidente del Congreso, disponga que el procurador del Congreso acuda al TC para que se deje sin efecto la medida cautelar concedida por los jueces.

Durante la breve exposición que brindó antes de levantar la sesión del Pleno, Soto anunció que el procurador del Congreso procederá a apelar la resolución de la Sala. Asimismo, el Parlamento precisó a través de sus canales oficiales que la reprogramación se da “en estricto respeto al debido proceso y los precedentes legislativos”.

OTROS LÍOS

Cabe mencionar que no es el único conflicto legal en que se encuentra involucrada la JNJ. En agosto, el Ministerio Público presentó ante el TC una demanda competencial en contra de la JNJ, alegando la supuesta intromisión de esta institución en sus funciones. Eso, luego de que la JNJ iniciara dos investigaciones contra la fiscal de la Nación.

La primera, por cambios que Benavides dispuso en el Equipo Especial del Caso Los Cuellos Blancos. La segunda, por remover a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, que venía investigando a su hermana, la jueza Emma Benavides, por la presunta liberación de procesados por narcotráfico a cambio de dinero.

El jueves pasado el TC dejó al voto la demanda. Deberá resolver en 30 días hábiles.

TENGA EN CUENTA

- No es la primera vez que un tribunal suspende un proceso parlamentario. En septiembre de 2022 y en febrero de 2023, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima ordenó la suspensión de la elección del defensor del Pueblo.

- La investigación contra la JNJ fue iniciada en respuesta de una moción presentada por la congresista Patricia Chirinos el pasado mes de agosto.

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