Con pie y medio afuera. El pleno del Congreso de la República debatirá y decidirá hoy la inhabilitación por 10 años de ejercicio de cargos en la función pública contra la legisladora María Cordero Jon Tay, exmiembro de la bancada de Fuerza Popular, acusada de “mochasueldo”, es decir, de exigirle un porcentaje de su sueldo a los trabajadores de su despacho.
El informe, aprobado primero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente, también plantea la suspensión de la parlamentaria mientras duren las investigaciones fiscales, con lo cual estaría cerca de abandonar su curul indefinidamente.
Como se recuerda, el programa periodístico Punto Final denunció en abril del 2023 que la parlamentaria habría realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho congresal durante el 2022. Difundieron grabaciones donde Cordero exigía los pagos de manera inmediata apenas sus empleados recibían su sueldo.
“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (...) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio propalado, a quien le solicitaba el 50% de su salario mensual y luego el 75%.
El dominical señaló que Cordero habría recibido hasta S/80 mil soles bajo esta misma modalidad. Uno de los trabajadores denunciantes indicó, incluso, que la congresista también exigía joyas y la cobertura total de los gastos de sus semanas de representación en la región de Tumbes.
Tras la denuncia periodística, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra la legisladora por la presunta comisión del delito de concusión. La bancada de Fuerza Popular la expulsó, la retiró de todas las comisiones en las que participaba, y presentó la denuncia constitucional pidiendo su inhabilitación.
A inicios de diciembre del 2023, el pleno del Congreso aprobó un por una amplia mayoría informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspenderla por 120 días del ejercicio de sus funciones sin recibir su remuneración, así como el envío de una copia de la denuncia al Ministerio Público.
La Procuraduría General del Estado también ha denunciado a Cordero Jon Tay por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente por el cargo de concusión.
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