Congreso ató de pies y manos a la Procuraduría

El Ejecutivo promulgó la cuestionada ley que permite al Congreso y a otras instituciones designar a sus propios procuradores, vulnerando así las funciones de la Procuraduría General del Estado (PGE). Esta norma establece que las procuradurías públicas del Legislativo, el Poder Judicial y las de los organismos constitucionales autónomos no están vinculadas administrativa ni funcionalmente a la PGE, es decir, ahora estas instancias podrán designar a sus procuradores a dedo. La ley detalla, en ese sentido, que a partir de hoy, “mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección respecto de la Procuraduría General del Estado”, y se le da la facultad a los titulares de estas entidades para que ellos mismos puedan elegir a quién supuestamente deberá fiscalizarlos.

Daniel Soria, procurador general del Estado, aseguró que la ley promulgada por el Ejecutivo “parte el Sistema de Defensa Jurídica”. En ese sentido, indicó que existirá un grupo de procuradores que no serán seleccionados por concurso público ni podrán ser sometidos a procesos disciplinarios.

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“Los procuradores defienden los intereses del Estado, no de los titulares de las instituciones ni de los intereses particulares que eventualmente pueda haber. Incluso, esos procuradores pueden denunciar a los titulares de las instituciones a las que están adscritas, y para eso se necesita autonomía”, dijo.

TOMARÁN MEDIDAS

Soria anunció que acudirá al Poder Judicial para tomar medidas legales contra la norma. Por su parte, el Consejo Directivo de la PGE dijo que la ley “vulnera gravemente el principio de igualdad contemplado en la Constitución”, y, al igual que Soria, anunció que tomarán medidas legales.

“Lo más grave es que transgrede el principio de autonomía funcional de los procuradores públicos, quebrando la unidad del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado”, señaló.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado coincidió en que se está quebrando la defensa jurídica del Estado, “a la vez que desmiembra de dicho sistema a dos importantes procuradurías como son las del Congreso y del Poder Judicial”. Asimismo, indicó que tanto el Parlamento como el Poder Judicial buscan tener procuradores que no los fiscalicen ante delitos.

“Lo que quieren ellos es tener a alguien que no defienda los intereses del Estado, más bien a alguien sumiso que puedan controlar, que puedan callar”, indicó. Maldonado señaló que, a pesar de tener avances lentos, la Procuraduría “sí trató de poner un orden en la intervención de los procuradores, en particular del Congreso”.

Respecto de las medidas legales que la PGE anunció, Maldonado calificó de “ingenuo” buscar revertir la ley promulgada debido a que cualquier recurso que se presente, deberá ser ante el Poder Judicial, instancia que —indicó— se ve beneficiada con la polémica norma.

“Este es un escenario político controlado por fuerzas que están actuando en una serie de contrarreformas y van a seguir haciéndolo, y mientras ese escenario político esté controlado por esas fuerzas, ningún cambio se podrá lograr”, anotó.

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