30.MAY Martes, 2017
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Bajo la lupa

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Cifras de corrupción en el Perú siguen generando preocupación

Más de S/400 millones de perjuicio económico tuvo el Estado tras enfrentar actos de corrupción de funcionarios públicos hasta setiembre del 2016.

Ardua labor. La gran tarea de la Contraloría General de la República es evitar la comisión de actos de corrupción. (Mario Zapata)
Ardua labor. La gran tarea de la Contraloría General de la República es evitar la comisión de actos de corrupción. (Mario Zapata)
Ricardo Monzón Kcomt

Ricardo Monzón Kcomt

@rmk_04

Según el informe final de la Comisión Presidencial de Integridad, “S/12,600 millones le arrebatan al Perú anualmente individuos acostumbrados a corromper o a ser corrompidos”, tomando datos de la Contraloría General de la República. Esa suma –añaden– equivale al 10% del Presupuesto General de la República del 2016. Cifras preocupantes que es necesario tomar en cuenta sobre todo hoy, que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción.

¿Cuánto hemos avanzado en la lucha contra este flagelo mundial, que, según la XI Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética 2015, el 53% de peruanos está convencido de que se incrementaría en los próximos cinco años?

Datos alarmantes


En noviembre último, la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción elaboró su informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012–2016.

En el documento, al cual tuvo acceso Perú21, se informa que la Procuraduría Pública de la Contraloría ha iniciado hasta el tercer trimestre del 2016 un total de 137 procesos penales contra funcionarios que habrían cometido actos de corrupción. Son 992 personas las comprendidas en estos procesos judiciales, que se calcula habrían originado al Estado un perjuicio de S/419’113,710.38 (ver recuadro).


El número asciende si se hace el balance de un periodo más prolongado. Desde enero del 2013 hasta el mes de setiembre del presente año, fueron 5,920 los funcionarios denunciados penalmente por la Contraloría: 1,043 del gobierno nacional, 1,156 de gobiernos regionales y 3,721 de municipalidades. El perjuicio económico fue de S/1,339’369,990.98.

En el ámbito civil, 5,068 funcionarios fueron sujeto de denuncias por corrupción: 696 del gobierno nacional, 475 de gobiernos regionales y 3,897 de municipalidades. Esos casos involucran un perjuicio económico al Estado de S/705’582,244.52. Millones de soles que pierde el país y que bien podrían ser usados para mejorar la educación, salud, o reducir la inseguridad.

No hay prevención


El 27 de setiembre del 2016, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó su informe global de competitividad 2016–2017. En él, nuestro país se ubicó en el puesto 67, dos posiciones por encima del estudio anterior de la misma entidad. Sin embargo, se menciona que uno de los factores más problemáticos para desarrollar negocios en Perú es justamente la corrupción.

Por otro lado, en febrero de este año se conoció que estamos en el puesto 116 de 140 países en fortaleza institucional, según el análisis del WEF, y que en cuanto a la corrupción para conseguir sentencias judiciales favorables estamos en la ubicación 130, es decir, entre los 10 países más corruptos del mundo en este rubro.

Además, la Contraloría advirtió el 5 de diciembre último que más de 1,500 casos de presunta corrupción o negligencia en la administración pública están pendientes de ser resueltos en el Poder Judicial y corren el riesgo de quedar en la impunidad por prescripción. Indican que durante el periodo 2007–2016 presentaron 2,358 casos (1,032 civiles y 1,326 penales), de los cuales se han resuelto solo 824.

¿A qué parte del monstruo es necesario atacar?

Conversamos con el abogado penalista Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, y con la coordinadora general de la CAN, Rosmary Cornejo.

Amoretti, consultado sobre si es que las normas de sanción de casos de corrupción son efectivas, contestó que “sí, porque son bastante drásticas”, pero consideró fundamental abordar la prevención donde, dice, “hay poco trabajo”. “Vemos que la Contraloría interviene al final. La denuncia viene después de que ya hubo un perjuicio económico para el Estado. Mientras que no haya prevención todo seguirá igual”, declaró.

También cree que “no hay una decisión política de querer combatir la corrupción”, y mencionó que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público “no reciben suficiente presupuesto” del Gobierno.

Por su parte, Rosmary Cornejo asegura que “las herramientas de prevención han sido trabajadas muy poco”, y que “esa puede haber sido una de nuestras grandes debilidades” para luchar contra la corrupción. “Hemos estado muy ocupados en la represión y la sanción, y nos olvidamos de la prevención”, señaló.
Sin embargo, avizora que para mejorar en este asunto ayudará la adaptación del ISO Antisoborno, para lo cual la CAN y el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) crearon un comité técnico el mes pasado.

Ingreso a la OCDE


El Perú se ha propuesto ingresar al selecto grupo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para el 2021. Ello implica mejorar una serie de indicadores, entre ellos los de corrupción.

El estudio de la OCDE sobre integridad en nuestro país en el 2016 señala que “Perú ha vivido un proceso significativo de desarrollo socioeconómico y mejora en el bienestar (…) Sin embargo, los niveles de gobernanza se ubican por debajo de la media de los países miembros de la OCDE, solamente obteniendo mejores resultados que el promedio de los países de América Latina y el Caribe (…) Por ello, para garantizar que el progreso siga manteniéndose, son necesarias profundas reformas”. Para ello, muestra los indicadores del Banco Mundial del 2014 (ver recuadro en esta página).

El 5 de diciembre último, la Comisión Presidencial de Integridad, creada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, le entregó al Ejecutivo 100 recomendaciones para atacar la corrupción. La mayoría de ellas coinciden con las que plantea la OCDE en el citado estudio.

TENGA EN CUENTA

  • Este domingo, la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción realizará la caminata y feria por el día internacional de lucha contra la corrupción.

  • La institución solo contó el 2016 con S/1’143,140 de presupuesto. En entrevista con Perú21, su presidente, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo que solo laboran 8 personas.
  • Actualmente elaboran el Plan Nacional para el periodo 2017–2021.

ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

  • Eduardo Vega, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Integridad, dijo a Perú21 que de las 100 propuestas que le hicieron al Ejecutivo, 30 son de gestión “que podrían incorporarse de manera rápida”.

  • Rosmary Cornejo, coordinadora de la CAN, indica que el tiempo para poder implementar las recomendaciones de esta comisión “depende de todas las instituciones donde recaen dichas recomendaciones”.
  • El fiscal de la Nación y titular de la CAN, Pablo Sánchez, señaló como logros que se generó la Ley Antisoborno y se creó la Autoridad Nacional de Transparencia.
  • La Contraloría informó que de todos los funcionarios que denunciaron por corrupción del 2009 al 2016, solo 648 fueron condenados y el 92% está con libertad condicional. Los delitos más comunes son peculado (42%), colusión (23%) y negociación incompatible (16%).

“Se ha avanzado muy poco”, por Joel Segura (Análisis)


La incidencia de casos de corrupción cada vez aumenta y el sistema no está respondiendo rápidamente. La estrategia de la defensa de los imputados es dilatar los procesos no solo porque buscan que los casos prescriban sino porque saben que el sistema se recicla constantemente. Es decir, cambian al procurador cada año, a los fiscales… Entonces, quien asume la defensa del Estado, ya sea por parte del Ministerio Público o de la Procuraduría, son personas que no han estado al inicio del caso. Esto le da muchas ventajas a la defensa.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, en provincias, el Poder Judicial no tiene jueces especializados. Eso ha favorecido a la impunidad. Los jueces que ven estos temas abordan también casos comunes y los delitos de corrupción son complejos, por eso es lo último que tratan. No son su prioridad. Ellos trabajan sobre carga procesal, al año quieren sacar una cantidad de sentencias, y con casos de corrupción se retrasan. Escogen los casos más sencillos.

En términos de indemnización, la Procuraduría sí ha estado dando pasos importantes. Por ejemplo, la indemnización por coimas de S/5 o S/10 antes no pasaba de S/100, pero ahora por esos casos de menor escala deben pagar S/1,000. Pero, en suma, se ha avanzado muy poco en luchar contra la corrupción.


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