Alan García: Exsecretario niega que haya pruebas sobre supuesto soborno por caso El Frontón

El exsecretario de Alan García, Ricardo Pinedo, aseguró que no existen pruebas del presunto soborno pagado por el fallecido exmandatario al fiscal Mario Gonzáles Díaz en el año 2004, a cambio de archivar la investigación en su contra por la matanza de El Frontón, ocurrida en 1986.

“Nadie en vida sindicó a Alan García que había recibido dinero. Que después de muerto aparezcan colaboradores eficaces, no pruebas, ni indicios, yo estoy acá. El día que aparezca una prueba yo renuncio a mi partido, renuncio a mi aprismo y me lamentaré de haber trabajado con Alan García, pero mientras no aparezca una prueba yo lo defenderé hasta mi último suspiro”, señaló.

“No tengo ningún problema, se llama palabra de honor, compromiso y lealtad. Estoy seguro de que no (hay pruebas), trabajé 25 años con él y yo no trabajaría con una persona que veo que tiene inclinación por lo ilícito y lo corrupto”, agregó.

Sobre las declaraciones del colaborador eficaz 2017-007-4 de que Alan García estaba al tanto de la entrega de los U$S25 mil, Pinedo pidió que presente alguna prueba o indicio tangible y cuestionó la aplicación de dicho mecanismo para obtener beneficios penitenciarios.

“¿Cuál sería el indicio? ¿Cuál es la fuente de esa información? Se supone que el señor (Miguel) Atala hace seis meses tenía que presentar indicios de sus dichos y no lo ha presentado. Así es la justicia en el Perú, yo digo cualquier cosa, libro mi prisión, embarro a otro y me salgo, y si embarro al que ya está fallecido, mejor”, agregó.

Según el relato del colaborador eficaz, Alan García fue a “un apartado” durante una reunión en la casa de su entonces abogado, Genaro Vélez, sacó 25 mil dólares que llevaba en el bolsillo y se los dio a este para que se los entregue al fiscal Mario Gonzáles Díaz.

Como consecuencia de ello, de acuerdo a esta versión, el 30 de noviembre de 2004, el representante del Ministerio Público archivó la investigación contra el exmandatario por los presuntos delitos de homicidio calificado, contra la seguridad pública y contra la administración pública.