Pacto criminal

La decisión del Gobierno de paralizar la erradicación de la hoja de coca en el Vraem debe ser motivo de gran preocupación para la ciudadanía, pues, como han advertido los expertos, casi el 90% de la producción en la zona va directamente al narcotráfico. Es una decisión que desnuda, una vez más, el doble juego que el castillismo ha venido desarrollando sobre el tema.

Recordemos que desde los tiempos de la campaña electoral, personajes vinculados a la candidatura del Lápiz se fotografiaban profusamente con dirigentes cocaleros del VRAEM mientras ofrecían apoyar sus demandas y trasladarlas a Palacio de ser elegidos. De ahí que esta maniobra no haya hecho sino levantar sospechas entre los analistas.

Según afirman las autoridades, la medida se tomó con el objetivo de resguardar el orden y la seguridad en la región, ante el anuncio de una movilización y un paro de 48 horas que la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae) llevaría a cabo. La exigencia de ese colectivo de cocaleros es el retiro de Devida del territorio que ocupan, así como del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah). El Colectivo no se ha puesto de acuerdo con el Gobierno sobre la reducción gradual, concertada y voluntaria de los cultivos ilegales que estaban negociando.

El Ministerio del Interior alega que la suspensión es temporal y que luego de superarse la coyuntura, la PNP “continuará con el proceso de erradicación de cultivos ilegales y lucha frontal contra el narcotráfico”. Sin embargo, es evidente que la “erradicación voluntaria” que promueve Devida, bajo la batuta de Ricardo Soberón, en base a un modelo de “Pacto Social Ciudadano”, no está funcionando para nada. Lo cierto es que, como sostienen los especialistas, la producción de la hoja ilegal continúa creciendo –expandiéndose incluso a comunidades aledañas al valle, contaminándolas con el flujo de dineros ilícitos– y surtiendo al narcotráfico y a los remanentes terroristas que operan en la zona.

De las mil hectáreas que el plan de Soberón se puso como meta para este año, no se ha autoerradicado una sola hasta ahora. Un fracaso cantado y, a estas alturas, alarmante, pues el Estado tiene la obligación de controlar los cultivos ilegales. El ministro del Interior debe dar explicaciones de inmediato.