El presidente de la Comisión que investigó el segundo gobierno de Alan García, Sergio Tejada, defendió la validez del informe sobre el caso 'narcoindultos', que recomienda acusar penal y constitucionalmente al exmandatario por presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios penitenciarios a procesados y sentenciados por narcotráfico.
En respuesta al congresista aprista Javier Velásquez, desvirtuó que el Poder Judicial haya anulado lo actuado por su grupo de trabajo a partir del 8 de marzo de 2013. "Eso no es cierto. Lo que se anuló fue todo lo actuado entre la segunda citación al expresidente y la fecha de presentación del amparo. Desde entonces se ha cumplido con la sentencia y el juez tendrá que evaluarlo", advirtió.
El legislador, además, negó que el documento haya sido "filtrado" para perjudicar a García, y agregó que él está en su derecho de recurrir a las instancias internacionales si así lo cree conveniente. "Nosotros ya cumplimos. Lo siguiente es sustentar los informes en el Pleno; pasarán por una serie de instancias hasta que se tome la decisión de levantar la inmunidad o (aplicar) algún tipo de sanción política", dijo.
DESCARGOSErasmo Reyna, abogado del expresidente, por su parte, rechazó el informe y calificó como una interpretación "mutilada y esquizofrénica" que se pretenda acusar por infracción constitucional a García por otorgar beneficios penitenciarios que están amparados por la misma Carta Magna.
En declaraciones a Perú21, descartó que se haya constituido una red para favorecer a traficantes de drogas y señaló que la concesión de estos beneficios datan del gobierno de Fernando Belaunde. "¿Por qué no se ha investigado a esas administraciones? Porque el propósito de esta investigación es inhabilitar políticamente a Alan García", cuestionó tras anunciar que presentará una solicitud al Poder Judicial para que ordene el cumplimiento de la sentencia que anula la investigación de la 'megacomisión'.
DATOS
- El congresista Carlos Tubino se abstuvo de votar en la 'megacomisión' a favor de la acusación a García por infracción constitucional.
- Argumenta que "carece de asidero jurídico" sostener que, al ejercer la prerrogativa constitucional de las gracias presidenciales, el exmandatario ha violado un deber constitucional.