En un contexto como este, la suspensión perfecta de labores, que permite poner en pausa el contrato de trabajo y los salarios sin que se rompa la relación laboral, es una salida que solo podría tener sentido si una empresa ya ha hecho todo lo posible para no quebrar, pero el gobierno no ha puesto candados que aseguren que sea así. La suspensión se podrá hacer con una simple declaración jurada y la fiscalización será posterior, dejando todo a la “buena fe” de las empresas. Eso sin contar que luego será muy difícil verificar si no hubo abuso y, para ese momento, el daño ya estará consumado.

En resumen, boca ancha para los de arriba y boca angosta para los trabajadores.

No me tienen que convencer de la importancia de asegurar que las empresas no quiebren. Si esto sucede, la fuente de trabajo desaparece y todos pierden, así que el gobierno debe buscar mecanismos para evitarlo. Con empresas activas se puede cuidar el trabajo formal, evitar la ruptura de las cadenas de pago y acelerar la eventual reactivación económica. Pero lo aprobado por el gobierno es una carta blanca que no asegura que esta medida excepcional sea adoptada solo por empresas que enfrenten un verdadero riesgo de desaparecer.

¿Las corporaciones que implementen la suspensión perfecta habrán ajustado los salarios, dietas y bonos de gerentes y directores o estos seguirán cobrando 20, 50 o 60 mil soles? ¿Los accionistas se seguirán repartiendo utilidades millonarias o ya habrán tenido una junta para acordar que no habrá reparto por algunos años? Porque si están dejando sin salario a la gente en un momento como este, lo mínimo esperable es que ellos también se mojen y que al año siguiente no estén cambiando de casa de playa, camioneta o lancha.

Ese es el riesgo de dejar asuntos como estos a la buena fe: la codicia suele imponerse y los más débiles cargan con la peor parte.


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