(Foto: Pexels)
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Se acaba de producir en España un hecho lamentablemente inaudito en los tiempos políticos que corren. Y es que partido socialista y partido popular se han puesto de acuerdo para modificar la ya más que cuarentona Constitución en un solo punto: El relativo a las personas con discapacidad.

Por fin los grandes partidos, en realidad todos, con la inexplicable excepción de Vox, han tenido a bien quitar la tacha humillante de la que adolecía el texto original de la Constitución que se refería sin siquiera anteponer el sustantivo “personas”, a los “disminuidos físicos, psíquicos, y sensoriales”.

Los mal llamados “disminuidos”, que en España son más de cuatro millones, han venido luchando porque se les reconozca en lo más elemental: como sujetos de derechos y deberes. O sea, simple y necesariamente como “personas”.

Dijo un diputado en el debate del nuevo texto: “En los años 70 me llamaban subnormal, luego pasé a ser disminuido físico, y eso que soy deportista, y he corrido la maratón de Nueva York. ¿De verdad que soy disminuido físico?

No lo es. Es una persona “con” discapacidad. La importancia de la preposición. Así rezará el nuevo artículo 49 de la Carta Magna española: Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva.

Solo le pongo un “pero” al añadido último que introduce “se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”. Desde una perspectiva de género, el añadido sobra. Supone una discriminación positiva que, de mantenerse, habría de repetirse en cada uno de los derechos que proclama la Constitución. Un sinsentido jurídico.

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