22.NOV Sábado, 2014
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En el Perú hay 65 mil personas con VIH pero la mitad no lo sabe

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Opinión

Es evidente que un ejército moderno necesita el número de reclutas suficientes para cumplir el servicio de entrenamiento y capacitación para la vigilancia de la seguridad externa del país.

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Guido Lombardi,Opina.21
glombardi@peru21.com

Lo que resulta inaceptable es que –en caso de no cubrirse voluntariamente el número de reclutas necesario– ese servicio se convierta en obligatorio para quienes resulten sorteados y no tengan los 1,850 soles para pagar la multa que los eximiría de cumplirlo.

En esas condiciones, ya sabemos que van a terminar en los cuarteles los mismos de siempre: jóvenes que viven en condiciones de pobreza, preferentemente en zonas rurales andinas y amazónicas.

El servicio militar en el Perú es voluntario por disposición de la ley.

No se trata, pues, de reclutar forzadamente a quien no tiene la disposición, la capacidad o la vocación para cumplir con ese deber. Hay que hacer atractiva la prestación del servicio mediante estímulos que no son, únicamente, de carácter económico.

En Chile, por ejemplo, los reclutas reciben una propina equivalente a entre 100 y 200 dólares. Adicionalmente, quienes cumplen el servicio reciben múltiples beneficios: pueden completar o continuar sus estudios secundarios, reciben 20 puntos de beneficio para acceder al subsidio habitacional y capacitación en diversos oficios mediante un convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Por último, los reclutas pueden ser parte del personal profesional de las FF.AA., por un periodo de cinco años no renovables, para servir en las diferentes unidades militares y acceder a los beneficios de un funcionario de las Fuerzas Armadas de Chile.

Con fórmulas de ese tipo se cubrirían todas las plazas para el servicio militar con personal voluntario, sin necesidad de violar –entre otras– las libertades de tránsito, de trabajo y de elección de domicilio garantizadas por la Constitución.

Otra vez estamos hablando de recursos y del puño cerrado del ministro de Economía, Luis Castilla.

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