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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Después de tres años de trabajo y 38 operaciones, Lava Jato ha llegado a un punto de quiebre. Las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht recientemente homologadas, más las investigaciones paralelas, han creado una situación nueva. Altos políticos de todos los partidos políticos medios y grandes estarán involucrados en las confesiones, y en pocos meses deben ser enjuiciados.

Sin embargo, todos ellos están protegidos por el Foro Privilegiado pues, en Brasil, son 22 mil las autoridades que están protegidas: presidente de la República, ministros, congresistas (federales y estaduales), jueces federales, gobernadores estaduales, y hasta alcaldes no pueden ser juzgados por jueces de primera instancia. Esta es una de las condiciones que más favorece a los criminales de cuello blanco en el país.

Al tener los políticos Foro Privilegiado, la mayor parte de las acusaciones de Lava Jato irán al Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Brasil. Considerando su desempeño tradicional, se estima que el STF demorará más de medio siglo para juzgar todos los casos de corrupción denunciados. De ser así, la mayoría de los casos van a prescribir, y los acusados saldrán libres.

Para evitar esa impunidad, los movimientos liberales han iniciado una campaña por el fin del Foro Privilegiado. El argumento principal es la inefectividad del STF para condenar a los cientos de corruptos denunciados por Lava Jato. La población está indignada y no quiere que los corruptos queden sin castigo. Si se logra acabar, o reducir drásticamente, el Foro Privilegiado en Brasil, sería un logro importante en la lucha contra la corrupción.