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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Después de 4 años de campaña anticorrupción y la realización de 2,056 operaciones (búsqueda, aprehensión, etc.), la Policía Federal ha calculado que los grupos criminales (políticos y económicos) han generado un costo de US$ 39 mil millones, equivalentes a 2% del PBI del Brasil.

Los robos más graves fueron los realizados en los fondos de pensión, el 44% del total, y en Petrobras (11%), pero incluyeron también el financiamiento ilícito de campañas electorales, crímenes tributarios y otros. Los robos evitados por la PF suman US$23 mil millones y lo recuperado, también significativo, fue cerca de US$7 mil millones. Estos números están incompletos y no incluyen mucho de lo hecho en el BNDES ni los cientos de casos que comienzan a destaparse. Adicional a todo esto hay que sumar los recursos aplicados en los proyectos inútiles, con el propósito único de robar (estadios, navíos, plantas industriales, etc.).

En medio de sus múltiples conflictos políticos, la mayoría de la aristocracia política brasileña tiene una bandera común: debilitar la lucha contra la corrupción. Sus objetivos inmediatos son dos: no ser castigados por los delitos cometidos y bloquear la creación de mecanismos que dificulten sus prácticas corruptas. Pero es muy difícil que, a estas alturas, logren regresar al pasado.

La pregunta pendiente es: ¿por qué no se descubrió antes? El PT y aliados han escalado los niveles de la corrupción, pero el problema ya existía antes de que ellos llegaran al poder. ¿Por qué el Ministerio Público y el Poder Judicial no persiguieron esos crímenes en casi 130 años de República? Es aquí donde se necesitan hacer los principales cambios.