27.JUN Martes, 2017
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Opinión

A un año de la marcha contra Dilma Rousseff, los movimientos sociales han llevado a cabo una nueva marcha nacional. Aunque menor en su alcance, su agenda ha estado enfocada en las reformas para acabar con la corrupción. Los principales puntos considerados por los organizadores son: el fin del fuero privilegiado, lucha contra la corrupción, apoyo a Lava Jato, contra la autoamnistía de los congresistas, defensa del voto preferencial, etc.

Al atacar a la corrupción y proponer una reforma institucional y política, este movimiento no cuenta con la simpatía de los grandes partidos políticos (PT, PMDB, PSDB, etc.), quienes se sienten amenazados por las denuncias de corrupción y por esas reformas.

Si bien la población está a favor de la operación Lava Jato y en contra de la corrupción de las empresas y de los políticos, son menores los segmentos que entienden la relación entre esos problemas y la necesidad de una reforma legal.

Los sectores A y B celebran que la crisis económica comience a resolverse, pero la mayoría de la población no ve aún mejorías en su situación económica y no tiene claro el porqué de las reformas.

Mientras tanto, el PT y Lula están en campaña electoral adelantada, con el discurso de que la actual crisis es culpa de este gobierno y que con Lula el país puede regresar a las tasas de crecimiento de la década anterior.

No se puede decir que las condiciones para el populismo han desaparecido en Brasil. Lo que sí se puede decir es que la cuestión de la corrupción va a estar en la agenda nacional, y tanto el PT como los demás partidos van a tener serias dificultades para esquivar el tema de la corrupción en los próximos meses.


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