24.JUL Lunes, 2017
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Opinión

Una reciente encuesta (CNT/MDA), muestra la aprobación del gobierno de Dilma Rousseff en solo 11%, y con el 69% de la población considerándola culpable de la corrupción en Petrobras. Los resultados son socialmente transversales, con variaciones regionales menores. La aprobación en el noreste, su antiguo bastión político, es de solo 16%. Lula también se ve afectado. El 68% lo considera culpable de la corrupción.

Un documento del gobierno trascendido a la prensa, constata la decepción de su base social y anota que expresiones como traición y corrupción se han vuelto frecuentes en las redes sociales de quienes apoyaban al gobierno tres meses atrás. La difusión de dicho documento costó la cabeza del ministro Thomas Traumann, su autor.

Todas estas expresiones corresponden a un gobierno que no completa aún tres meses y que tiene más de 45 meses por delante. Estos niveles de rechazo son similares a los de Color de Melo, en 1992, en vísperas de su vacancia. El escenario se complica porque el 60% está a favor de la vacancia presidencial y solo 35% está en contra.

Antonio Lavareda, reconocido politólogo, ve a Dilma en una situación muy frágil, aplicando una política económica opuesta a su retórica electoral, con costos sociales evidentes y sin respaldo político ni social. Lavareda opina que la oposición no debe buscar la vacancia presidencial sino apoyar las medidas de ajuste económico, para no desgastarse asumiendo la corrección de los errores de Dilma.

La política de Brasil vive cambios tectónicos cuyo devenir es difícil predecir. Los posibles desenlaces dependerán del clima social y de cómo las fuerzas políticas se reajusten, esencialmente si se mantiene o cae la alianza del gobierno.


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