28.JUL Viernes, 2017
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Mensaje al Perú

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Opinión

Al momento de redactar esta columna se acaba de conocer la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho sobre el pedido del fiscal Germán Juárez de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia: 18 meses, respectivamente.

Al margen de que los acusados tengan o no responsabilidad penal, una observación ante esta parte del proceso es por qué el fiscal, si existen elementos con una alta probabilidad de ser probatorios —como lo señaló el juez ayer— no planteó una acusación formal y solo pidió la prisión preventiva. El fiscal se tomó extensas seis horas para presentar la justificación de su demanda y ya tiene casi dos años investigando el caso del supuesto lavado de dinero. No es poco. Incluso le ha dado pie al juez para que se adentrase en materia de fondo, pues aceptó que configura un delito el dinero supuestamente recibido de Venezuela para la campaña del 2006 y de Odebrecht para la campaña del 2011.

No obstante, durante semanas, si no meses, se ha escuchado a connotados abogados de las más diferentes posiciones argumentar que los dineros provenientes de entidades extranjeras para campañas electorales no configuran delito en el Perú, más allá de lo cuestionable que resulte recibir dinero del extranjero para las campañas electorales. ¿Ocurre que ahora sí? Es lo que afirman el fiscal y el juez, con el agravante de que esos dineros tendrían un origen supuestamente ilegal en el momento en que se hicieron efectivos.

En todo caso, para que los ciudadanos sepan por qué se acusa y condena —si bien lo de ayer no ha sido ninguna condena, el juez ha aceptado que la forma como se ha recibido y utilizado el dinero configura un delito—, el fiscal debió plantear una acusación formal que lleve a discutir, por las partes involucradas, el fiscal y la defensa, y también por la opinión pública, el fondo de la acusación; no el pedido de prisión preventiva, un hecho importante pero que no resuelve de manera definitiva los asuntos centrales de la acusación.

Ahora bien, el criterio del juez referido a que los recursos recibidos del exterior o no reportados conforman delito, pone de inmediato en la mira a los otros candidatos presidenciales de aquel entonces, mencionados expresamente por el propio Marcelo Odebrecht.


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