"La indignación colectiva es por la nula reacción de los propios congresistas, que, si no se han dado cuenta, están degradando la institución parlamentaria..." (Foto: GEC)
"La indignación colectiva es por la nula reacción de los propios congresistas, que, si no se han dado cuenta, están degradando la institución parlamentaria..." (Foto: GEC)

A dónde vamos a llegar con un Congreso donde, al parecer, se tiene más que congresistas a unos delincuentes. Y para que no queden dudas, cada semana se sigue destapando los casos de los congresistas ‘mochasueldos’ y lo más grave es que ni se inmutan —con cada denuncia—, al contrario, se está normalizando como si ya fuera una práctica parlamentaria.

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La indignación colectiva es por la nula reacción de los propios congresistas, que, si no se han dado cuenta, están degradando la institución parlamentaria; y además, ese desprestigio los arrastra, inclusive a los pocos decentes que existen, porque no han salido a confrontar a sus colegas, la mayoría se hace de la vista gorda.

Se nota la angurria por el poder y están ávidos de dinero y como si fueran ‘los marcas’ extorsionan a los trabajadores, aprovechándose de sus cargos y la necesidad de trabajo; con total desparpajo, se sienten con derecho para disponer los sueldos y bonificaciones de sus trabajadores.

Ojo, esto es una trama colegiada, para protegerse en grupo con impunidad, por eso acaban de aprobar en la Mesa Directiva del Congreso un bono para los trabajadores de confianza, que suma hasta los 14 mil soles, para parchar con los trabajadores los descuentos que les hacían los ‘mochasueldos’, bajo el pretexto de un beneficio laboral.

Es una sinvergüencería querer tapar sus trapacerías con dinero público, porque pueden disponer de su presupuesto como les dé la gana. Esto ha llegado a ribetes nunca antes pensados, porque si bien es cierto que en anteriores gestiones se descubrieron actos delincuenciales, inmediatamente salía el escándalo, el Congreso sancionaba drásticamente.

Si no, recordemos al ‘come pollo’ José Anaya que fue desaforado y denunciado, por lo que después fue sentenciado a 5 años de cárcel; o el caso de Michael Urtecho, que también lo desaforaron e inhabilitaron por 10 años y sigue llevando un proceso penal que terminará en sentencia condenatoria, a pesar de la paraplejia grave que tiene.

Esa es la gran diferencia con este antro en el que se ha convertido el primer poder del Estado, y que además los muy sinvergüenzas ahora pretenden tomar el sistema de justicia con denuncias constitucionales apócrifas a la JNJ.

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