[OPINIÓN] Pablo de la Flor: “Parques en emergencia”

Con apenas 3.5 metros por habitante, Lima ocupa el último lugar en el índice de Ciudades Verdes del continente.  Ello no solamente por su ubicación literal en una zona desértica, sino, fundamentalmente, por la desidia de sus autoridades y la expansión urbana irresponsable y desorientada de las últimas décadas, que marginó el crecimiento de las áreas verdes, supeditándolo a otras necesidades, en perjuicio de nuestra calidad de vida.

Además de escasear, estos espacios de recreación y esparcimiento registran una distribución marcadamente desigual, con distritos populosos como Villa María del Triunfo, con apenas 40 cm cuadrados por habitante, y otros como San Isidro y Miraflores con 22 y 14 metros cuadrados, respectivamente. Según el Sistema Nacional de Información Ambiental, Lima tiene un déficit de áreas verdes equivalente a mil canchas de fútbol.

La relevancia de los parques se ve especialmente reforzada por el impacto que estos tienen sobre la calidad ambiental y el hábitat que ofrecen para la amenazada biodiversidad que nos rodea. Además, constituyen un antídoto potente contra la ansiedad de la vida cotidiana en un entorno urbano cada vez más tensionado, inseguro y depauperado. De otra parte, su impacto en la salud física de las personas que hacen uso de ellos es notoria. No en vano casi el 60% de los peruanos reporta usar los parques como principal espacio para la recreación.

De allí la enorme importancia de desarrollar políticas públicas que aseguren la mayor disponibilidad de estos espacios, y promuevan el cuidado de los pocos parques que tenemos para asegurar su aprovechamiento sostenible y racional en beneficio de los habitantes de la ciudad. Este tema ha adquirido notoriedad en las últimas semanas a propósito de las medidas implementadas por la alcaldía de Miraflores.

No tiene ningún sentido restringir el uso de los parques por parte de aquellos que quieran realizar un picnic o alguna otra actividad, siempre y cuando cumplan con los estándares y protocolo de cuidado exigibles, y no afecten el disfrute del mismo espacio por parte de otros vecinos. Por lo demás, resulta absurdo pretender limitar el acceso en beneficio únicamente de los residentes del distrito que lo alberga, algo que por lo demás resultaría ilegal.

No ocurre lo mismo, sin embargo, con las academias de fútbol informales que, de un tiempo a esta parte, han proliferado en varios parques de la capital. Las mismas producen pingües ganancias para sus operadores, que no declaran ni pagan tributos, no cuentan con ninguna autorización y usufructúan un espacio público con fines comerciales, en desmedro de los otros usuarios.

Estas actividades impactan nuestras escasas áreas verdes sin que los promotores asuman ninguna responsabilidad sobre el cuidado o remediación de las zonas afectadas, ni contribuyan a sufragar el mantenimiento de los espacios de los que se valen.  En semejantes circunstancias, es responsabilidad de los municipios actuar en defensa de los vecinos para impedir los estropicios generados por el aprovechamiento irregular de lugares públicos, y salvaguardar el uso sostenible de los parques en beneficio de todos.

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