"Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que quien quiera que sea elegido presidente tendrá que poner en marcha un programa de ajustes que frene en seco el deficit fiscal, controle la inflación y reactive el aparato productivo".
"Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que quien quiera que sea elegido presidente tendrá que poner en marcha un programa de ajustes que frene en seco el deficit fiscal, controle la inflación y reactive el aparato productivo".

A una semana de las primarias para escoger a los candidatos que se medirán en las elecciones generales de octubre, Argentina se enfrenta a una nueva crisis económica, otra más en la larga serie de descalabros financieros que han caracterizado el devenir del país en las últimas décadas.

Hace poco la administración del presidente Fernández logró lo impensable: superar la inflación mensual de Venezuela. La espiral de precios ya alcanza en 115%, niveles que Argentina no vivía desde hace 30 años, cuando enfrentó una hiperinflación que la llevó al borde la insolvencia.

A este catastrófico escenario hay que sumar la contracción de la actividad económica, sexta recesión de los últimos diez años. El sector agrícola, el principal generador de divisas para el país, viene experimentado una severa sequía que le restará más de $20 mil millones a las exportaciones del país.

Como era de esperarse, los peor avenidos para resistir el embate de precios altos y retracción productiva son precisamente las poblaciones de menores ingresos. Según la data oficial, cuatro de cada diez argentinos viven hoy por debajo de la línea de la pobreza, situación que afecta a más de la mitad de los niños del país. La informalidad se ha expandido aceleradamente e involucra a casi el 50% de los trabajadores.

El desmanejo de la administración peronista, con controles de precios, subsidios ciegos, y farra de gastos, vienen generando un déficit fiscal que es sufragado por la emisión inorgánica del Banco Central.

El país prácticamente se ha quedado sin dólares y enfrenta serias dificultades para honrar los pagos de intereses y capitales de su abultada deuda externa. Hace poco tuvo que recurrir a una operación de swap con el gobierno chino para pagar sus acreencias en yuanes.

Así las cosas, el Ministerio de Economía se vio obligado a renegociar los términos de su último préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), principal acreedor del país, para flexibilizar las cláusulas de condicionalidad que lo obligaban a acumular mayores niveles de reservas. Paradójicamente, los recursos frescos serán usados por el Gobierno para pagarle los intereses que le debe al propio FMI.

Mientras tanto, el dólar paralelo más que duplica la tasa oficial, y ante el clima de incertidumbre reinante, sigue cotizando al alza en las calles. Con doce tipos cambiarios, el Gobierno está tratando de evitar a toda costa el tener que proceder con una devaluación masiva, al menos antes de las elecciones de octubre.

Es improbable que, en estas elecciones, el candidato de la coalición peronista, el actual ministro de Economía, Jorge Massa, logre una victoria, la misma que seguramente lleve al candidato del Frente por el Cambio o alguien más a la derecha a la Casa Rosada.

Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que quien quiera que sea elegido presidente tendrá que poner en marcha un programa de ajustes que frene en seco el deficit fiscal, controle la inflación y reactive el aparato productivo. Ello no será posible sin el apoyo activo del FMI para construir una red de soporte social focalizado que proteja a la población más pobre.